Firma Electrónica|Electronic Signature

El desarrollo de la Sociedad de la Información y la difusión de los efectos positivos en términos de competitividad que de ella se derivan exige la generalización de la confianza de los ciudadanos, empresas y Administraciones en las comunicaciones telemáticas.

La firma electrónica es una herramienta fundamental para la mejora de la seguridad de la información y la generación de confianza, dado que permite efectuar una comprobación de la identidad del origen y de la integridad de los mensajes intercambiados en Internet.

La firma electrónica se basa en el uso de certificados digitales avanzados, que permiten tanto la autentificación de

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Certificado Digital

Un certificado digital es un documento electrónico, mediante el cual se vincula la identidad de una persona, organización o función con el conjunto de las claves pública y privada asociadas.

En función de la legislación y en el caso de la Unión Europea, para que un certificado digital sea legalmente válido, debe de estar emitido por una entidad certificadora autorizada y debe de estar firmado digitalmente por la misma. En este caso hablamos de «certificado digital reconocido«. El certificado digital suele emitirse siguiendo el estándar UIT-T X509.

Normalmente los certificados digitales incorporan la siguiente información:

Datos de la entidad certificadora

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La tecnología PKI

Introducción En los últimos años, se han aprobado en todo el mundo nuevas leyes que soportan las firmas digitales y electrónicas como medio de autenticar datos y transacciones electrónicas. La “US e-Sign Bill “, firmada por el anterior presidente de los E.E.U.U. Bill Clinton y la directiva de la UE para firma electrónica son dos ejemplos de esta tendencia global. Las organizaciones han sido reacias a saltar al carro de las firmas digitales debido al coste y a la complejidad asociados a las soluciones típicas de PKI. Aunque las firmas digitales ofrecen una reducción inmediata en papeleo, costes de manipulación

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ORDEN APU/793/2008

ORDEN APU/793/2008, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden APU/2074/2004, de 10 de junio, reguladora de los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio de Administraciones Públicas y de sus organismos públicos. DESCARGAR orden-apu-793-2008

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en su artículo 21.3 establece que la Administración General del Estado dispondrá, al menos, de una plataforma de verificación del estado de revocación de todos los certificados admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas que será de libre acceso por parte de todos

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LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información DESCARGAR ley-56-2007 PREÁMBULO

I

La presente Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2005.

El Plan Avanza prevé entre sus medidas la adopción de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y de

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REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

DESCARGAR real-decreto-1720-2007

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a su

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LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

DESCARGAR ley-30-2007 Ándice

Titulo preliminar. Disposiciones Generales.

Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Ámbito subjetivo.

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos.

Capítulo II. Contratos del sector público

Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales.

Articulo 5. Calificación de los contratos.

Artículo 6. Contrato de obras.

Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas.

Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos.

Artículo 9. Contrato de suministro.

Artículo 10. Contrato de servicios.

Artículo 11.

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RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre procedimiento para la homologación de software de digitalización contemplado en la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril de 2007.

DESCARGAR resolucion-24-octubre-2007agencia-estatal-de-administracion-tributaria El artículo 7 de la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, contempla la digitalización certificada de facturas, documentos sustitutivos y de cualesquiera otros documentos y establece que las facturas, documentos sustitutivos y otros documentos así digitalizados permitirán que el obligado tributario pueda prescindir de los originales en papel que le sirvieron de base.

Para ello es necesario, además de un software de digitalización certificado,

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LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos -que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos- a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de

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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

* Se eliminan las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. * Se innovan normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de derecho de los usuarios.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de

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