Aprendizaje cooperativo

La enseñanza debe ser individualizada en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, pero al mismo tiempo es importante promover la colaboración y el trabajo grupal. En estudios realizados se ha comprobado que los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los demás, aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos que al hacerlo de manera individualista y competitiva.

La colaboración y el trabajo en equipo son componentes que el alumno se va a encontrar normalmente en la vida real:

Equipos

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Tutoría

Cuando se publicó la “Ley Moyano” en 1857, se publicó con el nombre de “Ley de instrucción pública”, sin mencionar el término “educación”, ya que en aquel momento se hacía más hincapié en la mera enseñanza que no en el concepto más amplio de educación quedando éste constreñido al ámbito familiar o religioso.

En la Constitución Española en el artículo 27 se reconoce el derecho a la educación “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Parece por lo tanto

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LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información DESCARGAR ley-56-2007 PREÁMBULO

I

La presente Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2005.

El Plan Avanza prevé entre sus medidas la adopción de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y de

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REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

DESCARGAR real-decreto-1720-2007

La actual Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal adaptó nuestro ordenamiento a lo dispuesto por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, derogando a su

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LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

DESCARGAR ley-30-2007 Ándice

Titulo preliminar. Disposiciones Generales.

Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Ámbito subjetivo.

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos.

Capítulo II. Contratos del sector público

Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales.

Articulo 5. Calificación de los contratos.

Artículo 6. Contrato de obras.

Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas.

Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos.

Artículo 9. Contrato de suministro.

Artículo 10. Contrato de servicios.

Artículo 11.

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LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Público

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos -que se concretan en la práctica en la simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan las comunicaciones por medios electrónicos- a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de

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PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

* Se eliminan las barreras existentes a la expansión y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. * Se innovan normativas en materia de facturación electrónica y de refuerzo de derecho de los usuarios.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de

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ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas

ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

DESCARGAR orden-eha-962-2007 Las obligaciones relacionadas con la expedición y la conservación de facturas han sido desarrolladas, conforme a las habilitaciones legales previstas al efecto, por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Los artículos 17 y

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LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

DESCARGAR ley-59-2003 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, fue aprobado con el objetivo de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las Administraciones públicas. De este modo, se coadyuvaba a potenciar el crecimiento y la competitividad de la economía española mediante el rápido establecimiento de un marco jurídico para la utilización de una herramienta que aporta confianza en la realización de transacciones electrónicas en redes

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