{"id":26,"date":"2007-12-28T18:11:30","date_gmt":"2007-12-28T16:11:30","guid":{"rendered":"http:\/\/peppoweb.com\/blog3\/?p=18"},"modified":"2010-09-25T16:41:41","modified_gmt":"2010-09-25T14:41:41","slug":"ley-562007-de-28-de-diciembre-de-medidas-de-impulso-a-la-sociedad-de-la-informacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/joseperezlozano.com\/index.php\/ley-562007-de-28-de-diciembre-de-medidas-de-impulso-a-la-sociedad-de-la-informacion\/","title":{"rendered":"LEY 56\/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Informaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

LEY 56\/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Informaci\u00f3n
\nDESCARGAR ley-56-2007<\/a>
\nPRE\u00c1\u0081MBULO<\/span><\/p>\n

I<\/span><\/p>\n

La presente Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de convergencia con Europa y entre Comunidades Aut\u00f3nomas y Ciudades Aut\u00f3nomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2005.<\/span><\/p>\n

El Plan Avanza prev\u00e9 entre sus medidas la adopci\u00f3n de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansi\u00f3n y uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones y para garantizar los derechos de los ciudadanos en la nueva sociedad de la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En esta l\u00ednea, la presente Ley, por una parte, introduce una serie de innovaciones normativas en materia de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica y de refuerzo de los derechos de los usuarios y, por otra parte, acomete las modificaciones necesarias en el ordenamiento jur\u00eddico para promover el impulso de la sociedad de la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En este sentido, se introducen una serie de modificaciones tanto de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico, como de la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica, que constituyen dos piezas angulares del marco jur\u00eddico en el que se desenvuelve el desarrollo de la sociedad de la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Dicha revisi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico se completa con otras modificaciones menores de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, de la Ley 11\/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y de la Ley 7\/1996, de 15 de enero, de ordenaci\u00f3n del comercio minorista.<\/span><\/p>\n

II<\/span><\/p>\n

El cap\u00edtulo I de la Ley introduce sendos preceptos dirigidos a impulsar el empleo de la factura electr\u00f3nica y del uso de medios electr\u00f3nicos en todas las fases de los procesos de contrataci\u00f3n y a garantizar una interlocuci\u00f3n electr\u00f3nica de los usuarios y consumidores con las empresas que presten determinados servicios de especial relevancia econ\u00f3mica.<\/span><\/p>\n

En materia de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, el art\u00edculo 1 establece la obligatoriedad del uso de la factura electr\u00f3nica en el marco de la contrataci\u00f3n con el sector p\u00fablico estatal en los t\u00e9rminos que se precisen en la Ley reguladora de contratos del sector p\u00fablico, define el concepto legal de factura electr\u00f3nica y, asimismo, prev\u00e9 actuaciones de complemento y profundizaci\u00f3n del uso de medios electr\u00f3nicos en los procesos de contrataci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

As\u00ed, el citado precepto prev\u00e9 que el Gobierno determinar\u00e1 el \u00f3rgano competente de la Administraci\u00f3n General del Estado que impulsar\u00e1 el empleo de la factura electr\u00f3nica entre los diversos agentes del mercado, en particular entre las peque\u00f1as y medianas empresas y en las denominadas microempresas, de acuerdo con la definici\u00f3n establecida en la Recomendaci\u00f3n C(2003) 1422 de la Comisi\u00f3n Europea, de 6 de mayo de 2003, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electr\u00f3nico. Por su parte, las Comunidades Aut\u00f3nomas, de acuerdo con las competencias que tenga reconocidas por sus Estatutos, colaborar\u00e1n en coordinaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n del Estado en el empleo de la factura electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

De igual modo el Gobierno, o en su caso las Comunidades Aut\u00f3nomas en el \u00e1mbito de sus competencias desarrollar\u00e1n, en cooperaci\u00f3n con las asociaciones representativas de las empresas proveedoras de soluciones t\u00e9cnicas de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica y de las asociaciones relevantes de usuarios, un plan para la generalizaci\u00f3n del uso de la factura electr\u00f3nica en Espa\u00f1a, definiendo, asimismo, los contenidos b\u00e1sicos de dicho plan.<\/span><\/p>\n

Asimismo, la Ley habilita a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Econom\u00eda y Hacienda, respetando las competencias reconocidas a las Comunidades Aut\u00f3nomas, para que aprueben las normas sobre formatos estructurados est\u00e1ndar de facturas electr\u00f3nicas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad tanto en el sector p\u00fablico como en el sector privado y permitan facilitar y potenciar el tratamiento automatizado de las mismas.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el citado precepto, yendo m\u00e1s all\u00e1 del impulso a la extensi\u00f3n del uso de la factura electr\u00f3nica, encomienda a las diversas Administraciones P\u00fablicas en el \u00e1mbito de sus competencias la promoci\u00f3n de la extensi\u00f3n y generalizaci\u00f3n del uso de medios electr\u00f3nicos en las dem\u00e1s fases de los procesos de contrataci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 2, por su parte, establece la obligaci\u00f3n de las empresas de determinados sectores con especial incidencia en la actividad econ\u00f3mica (entre otras, compa\u00f1\u00edas dedicadas al suministro de electricidad, agua y gas, telecomunicaciones, entidades financieras, aseguradoras, grandes superficies, transportes, agencias de viaje) de facilitar un medio de interlocuci\u00f3n telem\u00e1tica a los usuarios de sus servicios que cuenten con certificados reconocidos de firma electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

Esta nueva obligaci\u00f3n tiene por finalidad asegurar que los ciudadanos cuenten con un canal de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica con las empresas cuyos servicios tienen una mayor trascendencia en el desarrollo cotidiano de sus vidas.<\/span><\/p>\n

A tales efectos, se especifica que dicha interlocuci\u00f3n telem\u00e1tica ha de facilitar al menos la realizaci\u00f3n de tr\u00e1mites tales como la contrataci\u00f3n electr\u00f3nica, modificaci\u00f3n de condiciones contractuales, altas, bajas, quejas, hist\u00f3rico de facturaci\u00f3n, sustituci\u00f3n de informaciones y datos en general, as\u00ed como el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, oposici\u00f3n y cancelaci\u00f3n en materia de protecci\u00f3n de datos. Asimismo, se prev\u00e9 que dicho medio de interlocuci\u00f3n telem\u00e1tica sirva para sustituir los tr\u00e1mites que actualmente se realicen por fax. No obstante, el citado precepto no impide que excepcionalmente las empresas obligadas por el mismo no faciliten la contrataci\u00f3n de productos o servicios que por su naturaleza no sean susceptibles de comercializaci\u00f3n por v\u00eda electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

Esta obligaci\u00f3n vendr\u00e1 a complementar la garant\u00eda del derecho de una comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica de los ciudadanos con las Administraciones P\u00fablicas, establecida en la Ley 11\/2007, de 22 de junio, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los Servicios P\u00fablicos, en ejecuci\u00f3n de uno de los mandatos normativos contenidos en el Plan Avanza.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, el art\u00edculo 3 tiene por finalidad establecer una regulaci\u00f3n m\u00ednima de las subastas electr\u00f3nicas entre empresarios (B2B) a fin de establecer un marco jur\u00eddico que dote a esta t\u00e9cnica de compra de la necesaria transparencia y seguridad jur\u00eddica.<\/span><\/p>\n

En este sentido, la regulaci\u00f3n prevista tiene por objeto evitar las suspicacias de las empresas a la hora de participar en estos nuevos m\u00e9todos de compra y eliminar cualquier tipo de pr\u00e1ctica o competencia desleal. En definitiva, se trata de garantizar a trav\u00e9s de un precepto espec\u00edfico los principios de igualdad de trato, de no discriminaci\u00f3n y transparencia entre empresas.<\/span><\/p>\n

III<\/span><\/p>\n

El cap\u00edtulo II de la Ley engloba las modificaciones legislativas que se han estimado necesarias para promover el impulso de la sociedad de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones electr\u00f3nicas.<\/span><\/p>\n

Dichas modificaciones afectan principalmente a la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico y a la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica, si bien se incluyen tambi\u00e9n modificaciones de menor entidad de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se modifica la Ley 7\/1996, de 15 de enero, de ordenaci\u00f3n del comercio minorista para incluir un nuevo tipo de infracci\u00f3n que respalde lo dispuesto en el art\u00edculo 2 de la presente Ley, se introducen una serie de cambios en la Ley 11\/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y se introducen, asimismo, modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 4 de la Ley incluye las diferentes modificaciones necesarias en el vigente texto de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico (LSSI).<\/span><\/p>\n

Estas modificaciones tienen como finalidad, en primer lugar, revisar o eliminar obligaciones excesivas o innecesarias y, en segundo lugar, flexibilizar las obligaciones referidas a las comunicaciones comerciales y a la contrataci\u00f3n electr\u00f3nicas a fin de, entre otras razones, adecuar su aplicaci\u00f3n al uso de dispositivos m\u00f3viles.<\/span><\/p>\n

La primera medida prevista es la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 8 que regula las restricciones a la prestaci\u00f3n de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n y su procedimiento de cooperaci\u00f3n intracomunitario. Por lo que al primer aspecto se refiere, es decir, las restricciones a los servicios de telecomunicaciones, este precepto establece que en el caso de que un determinado servicio de esta naturaleza atente contra los principios que en el propio precepto se recogen, los \u00f3rganos competentes para su protecci\u00f3n adoptar\u00e1n las medidas necesarias para que se pueda interrumpir su prestaci\u00f3n o retirar los datos que los vulneran. Los principios objeto de protecci\u00f3n son: la salvaguarda del orden p\u00fablico, la investigaci\u00f3n penal, la seguridad p\u00fablica y la defensa nacional; la protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica o de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que tengan la condici\u00f3n de consumidores y usuarios; el respeto a la dignidad de la persona y al principio a la no discriminaci\u00f3n por motivos de raza, sexo, religi\u00f3n, opini\u00f3n, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y finalmente, la protecci\u00f3n de la juventud y de la infancia. Como no puede ser de otra manera, se prev\u00e9 que en la adopci\u00f3n de estas medidas se respetar\u00e1n siempre las garant\u00edas y procedimientos establecidos en las leyes. Finalmente, sobre este punto de las restricciones a la prestaci\u00f3n de servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n, el art\u00edculo 8 incorpora adem\u00e1s el principio de que solo la autoridad judicial competente, en los casos en que la Constituci\u00f3n y las leyes de los respectivos derechos y libertades fundamentales as\u00ed lo prevean de forma excluyente, podr\u00e1n adoptar las medidas restrictivas previstas en este art\u00edculo, en tanto que garante de los derechos a la libertad de expresi\u00f3n, de producci\u00f3n y creaci\u00f3n literaria cient\u00edfica y t\u00e9cnica, de informaci\u00f3n y de c\u00e1tedra.<\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con el procedimiento de cooperaci\u00f3n intracomunitario, el vigente apartado 4 del art\u00edculo 8 mantiene pr\u00e1cticamente su redacci\u00f3n pues constituye una transposici\u00f3n necesaria del procedimiento intracomunitario de cooperaci\u00f3n previsto en la Directiva 2000\/31\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur\u00eddicos de los servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n, en particular el comercio electr\u00f3nico en el mercado interior. Por su parte, el vigente apartado 2 del art\u00edculo 8, sobre colaboraci\u00f3n de prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n para impedir el acceso desde Espa\u00f1a a servicios o contenidos cuya interrupci\u00f3n o retirada haya decidido un \u00f3rgano competente, se traslada al art\u00edculo 11.<\/span><\/p>\n

En coherencia con la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 8 se elimina tambi\u00e9n el p\u00e1rrafo a) del apartado 2 del art\u00edculo 38, por el que se tipifica como infracci\u00f3n administrativa muy grave el incumplimiento de las \u00f3rdenes dictadas por \u00f3rganos administrativos en virtud del art\u00edculo 8. A este respecto, se considera que los \u00f3rganos competentes para imponer restricciones en el mundo f\u00edsico, ya sean judiciales o administrativos -pi\u00e9nsese por ejemplo en las autoridades de control sanitario-, deber\u00e1n estar habilitados por sus propias normas a imponer dichas restricciones a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n cuando incumplan una orden emanada por los mismos en ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas. Sin perjuicio de lo anterior, la nueva redacci\u00f3n del apartado 4 del art\u00edculo 8 remite al art\u00edculo 11 para habilitar al \u00f3rgano competente a requerir la colaboraci\u00f3n de los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n en caso de estimarlo necesario para garantizar la eficacia de las medidas que hubiera adoptado.<\/span><\/p>\n

Como consecuencia de las modificaciones realizadas en el art\u00edculo 8 se procede a hacer un ajuste t\u00e9cnico en la remisi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 4 que ahora debe remitirse al art\u00edculo 11.<\/span><\/p>\n

La segunda modificaci\u00f3n importante prevista en relaci\u00f3n con la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico (LSSI) es la supresi\u00f3n de la obligaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 9 sobre constancia registral de los nombres de dominio, dado que se ha revelado como poco operativa desde un punto de vista pr\u00e1ctico.<\/span><\/p>\n

En coherencia con la supresi\u00f3n del art\u00edculo 9 se prev\u00e9 tambi\u00e9n la eliminaci\u00f3n del p\u00e1rrafo a) del apartado 4 del art\u00edculo 38 en el que se tipifica como infracci\u00f3n administrativa leve el incumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 9.<\/span><\/p>\n

Como consecuencia de la supresi\u00f3n del art\u00edculo 9 se procede a una modificaci\u00f3n t\u00e9cnica en la redacci\u00f3n del p\u00e1rrafo b) del apartado 1 del art\u00edculo 10. Asimismo, se realiza un ajuste de redacci\u00f3n en el p\u00e1rrafo f) del aparta-do 1 del art\u00edculo 10.<\/span><\/p>\n

En tercer lugar, se ha entendido necesaria la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 11. La redacci\u00f3n vigente del art\u00edculo incluye una posibilidad de intervenci\u00f3n del Ministerio de Ciencia y Tecnolog\u00eda (hoy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) que se ha eliminado. En este sentido, son los propios \u00f3rganos competentes los que en ejercicio de las competencias que legalmente tengan atribuidas deben dirigirse directamente a los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n, sin que sea necesario que un departamento ajeno, como es el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, intervenga en un procedimiento en el que se diluciden asuntos en los que carece de competencias.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, se precisa en el art\u00edculo 11 que la suspensi\u00f3n del servicio que se puede ordenar a los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n se circunscribe a aqu\u00e9llos empleados por terceros para proveer el servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n o facilitar el contenido cuya interrupci\u00f3n o retirada haya sido ordenada. Se a\u00f1ade, adem\u00e1s, un nuevo apartado 2, que traslada a este art\u00edculo la previsi\u00f3n actualmente establecida en el apartado 2 del art\u00edculo 8, que prev\u00e9 la posibilidad de requerir la colaboraci\u00f3n de los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n para impedir el acceso desde Espa\u00f1a a servicios o contenidos cuya interrupci\u00f3n o retirada haya sido decidida.<\/span><\/p>\n

Igualmente se incluye un nuevo inciso en el apartado 3 del art\u00edculo 11 que aclara que la autorizaci\u00f3n del secuestro de p\u00e1ginas de Internet o de su restricci\u00f3n cuando \u00e9sta afecte a los derechos y libertades de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n y dem\u00e1s amparados en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n solo podr\u00e1 ser decidida por los \u00f3rganos jurisdiccionales competentes.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, se incluye un nuevo art\u00edculo 12 bis que establece la obligaci\u00f3n de los proveedores de acceso a Internet establecidos en Espa\u00f1a a informar a sus usuarios sobre los medios t\u00e9cnicos que permitan, entre otros, la protecci\u00f3n frente a virus inform\u00e1ticos y programas esp\u00eda, la restricci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos no solicitados, y la restricci\u00f3n o selecci\u00f3n del acceso a determinados contenidos y servicios no deseados o nocivos para la juventud y la infancia.<\/span><\/p>\n

Igualmente, se obliga a dichos prestadores, as\u00ed como a los prestadores de servicios de correo electr\u00f3nico a informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que aplican en la provisi\u00f3n de sus servicios.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se encomienda a los proveedores de servicios de acceso la funci\u00f3n de informar a sus clientes sobre las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines il\u00edcitos, en particular, para la comisi\u00f3n de il\u00edcitos penales y por la vulneraci\u00f3n de la legislaci\u00f3n en materia de propiedad intelectual e industrial. A fin de respaldar estas obligaciones se incluye un nuevo tipo de infracci\u00f3n leve en el apartado 4 del art\u00edculo 38, que, teniendo en cuenta la supresi\u00f3n del vigente p\u00e1rrafo a), dar\u00e1 nuevo contenido al mismo.<\/span><\/p>\n

Otra modificaci\u00f3n considerada necesaria es la revisi\u00f3n de la vigente redacci\u00f3n del apartado 2 del art\u00edculo 17 a fin de aclarar y precisar que en virtud del mismo se responsabiliza al proveedor del link o del motor de b\u00fasqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento cuando hayan sido elaborados bajo su \u00c2\u00abdirecci\u00f3n, autoridad o control\u00c2\u00bb.<\/span><\/p>\n

Se incorpora una nueva redacci\u00f3n al apartado 3 del art\u00edculo 18, en el sentido de que los c\u00f3digos de conducta a que se refiere este precepto deber\u00e1n ser accesibles por v\u00eda electr\u00f3nica, foment\u00e1ndose su traducci\u00f3n en las distintas lenguas oficiales del Estado y de la Uni\u00f3n Europea con el fin de proporcionarles la mayor difusi\u00f3n posible.<\/span><\/p>\n

En materia de comunicaciones comerciales se flexibiliza la exigencia de informaci\u00f3n prevista en el vigente art\u00edculo 20 sobre mensajes publicitarios a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico o medios de comunicaci\u00f3n equivalentes de modo que en vez de la inserci\u00f3n del t\u00e9rmino \u00c2\u00abpublicidad\u00c2\u00bb al inicio del mensaje pueda incluirse la abreviatura \u00c2\u00abpubli\u00c2\u00bb. Se trata de una medida que ha sido solicitada en diversas ocasiones por agentes que desarrollan actividades relacionadas con la publicidad a trav\u00e9s de telefon\u00eda m\u00f3vil y, por otra parte, no supone menoscabo de la protecci\u00f3n y de los derechos de informaci\u00f3n de los usuarios, ya que el t\u00e9rmino \u00c2\u00abpubli\u00c2\u00bb es f\u00e1cilmente reconocible como indicativo de \u00c2\u00abpublicidad\u00c2\u00bb.<\/span><\/p>\n

Adicionalmente, se realizan ajustes menores en la redacci\u00f3n del mencionado art\u00edculo a fin de alinearlo en mayor medida con lo dispuesto en la Directiva 2000\/31\/CE.<\/span><\/p>\n

En materia de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica se realiza un ajuste de la redacci\u00f3n actual del art\u00edculo 24 a fin de incluir una remisi\u00f3n expresa a la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica y destacar as\u00ed el especial valor probatorio de los contratos electr\u00f3nicos que sean celebrados mediante el uso de instrumentos de firma electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

De igual modo, se ajusta el art\u00edculo 27, relativo a las obligaciones de informaci\u00f3n previa en materia de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica, a la luz de la experiencia acumulada en su aplicaci\u00f3n por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejercicio de sus competencias de inspecci\u00f3n y control de p\u00e1ginas de Internet. En este sentido, se prev\u00e9 que la informaci\u00f3n que debe facilitarse ha de \u00c2\u00abponerse a disposici\u00f3n\u00c2\u00bb de los usuarios \u00c2\u00abmediante t\u00e9cnicas adecuadas al medio de comunicaci\u00f3n utilizado\u00c2\u00bb, flexibilizando de este modo la redacci\u00f3n anterior con vistas a facilitar la realizaci\u00f3n de operaciones de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica mediante dispositivos que cuenten con pantallas de visualizaci\u00f3n de formato reducido.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se incluye en la nueva redacci\u00f3n del art\u00edculo 27 una regla aclaratoria por la cual, cuando el prestador de servicios dise\u00f1e espec\u00edficamente sus servicios de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entender\u00e1n cumplidas las obligaciones de informaci\u00f3n previa establecidas en dicho precepto cuando el citado prestador facilite de manera permanente, f\u00e1cil, directa y exacta la direcci\u00f3n de Internet en que dicha informaci\u00f3n es puesta a disposici\u00f3n del destinatario.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se modifica el apartado 2 del art\u00edculo 27 a fin de eliminar el inciso \u00c2\u00abcuando no se utilicen estos medios con el exclusivo prop\u00f3sito de eludir el cumplimiento de dicha obligaci\u00f3n\u00c2\u00bb dado que en la pr\u00e1ctica es imposible determinar cuando se hace con este prop\u00f3sito.<\/span><\/p>\n

Este art\u00edculo 4 modifica tambi\u00e9n los art\u00edculos 33, 35 y 43 de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Informaci\u00f3n y del Comercio Electr\u00f3nico.<\/span><\/p>\n

Las modificaciones que se introducen a los art\u00edculos 33 y 35 tienen por objeto adaptar su contenido a la vigente organizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n territorial del Estado en funci\u00f3n de las competencias que tienen atribuidas tanto la Administraci\u00f3n General del Estado como aquellas de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, se da una nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 43 de la Ley 34\/2002 que se refiere a la potestad sancionadora. En concreto, la nueva redacci\u00f3n establece que la imposici\u00f3n de sanciones por incumplimiento de lo establecido en dicha ley corresponder\u00e1 al \u00f3rgano o autoridad que dict\u00f3 la resoluci\u00f3n incumplida o al que est\u00e9n adscritos los inspectores. En el \u00e1mbito de las Comunidades Aut\u00f3nomas, las infracciones contra derechos y garant\u00edas de los consumidores y usuarios ser\u00e1n sancionadas por los \u00f3rganos correspondientes en materia de consumo.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, se incorpora una nueva redacci\u00f3n a la disposici\u00f3n adicional tercera de la mencionada Ley sobre el sistema arbitral de consumo en el sentido de que los prestadores y destinatarios de los servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n pueden someter sus conflictos a este sistema de resoluci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Finalmente se revisa, actualiza y ampl\u00eda el contenido de la actual disposici\u00f3n adicional quinta referida a la accesibilidad de las p\u00e1ginas de Internet, a fin de garantizar adecuadamente la accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la informaci\u00f3n proporcionada por medios electr\u00f3nicos.<\/span><\/p>\n

IV<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 5 de la Ley contempla las modificaciones necesarias en el articulado de la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

Estas modificaciones tienen por objeto clarificar las reglas de valoraci\u00f3n de la firma electr\u00f3nica en juicio y flexibilizar la obligaci\u00f3n de los prestadores de servicios de certificaci\u00f3n de comprobar los datos inscritos en registros p\u00fablicos a fin de eliminar cargas excesivas.<\/span><\/p>\n

El primer aspecto que se revisa del art\u00edculo 3 de la Ley de firma electr\u00f3nica es la definici\u00f3n de \u00c2\u00abdocumento electr\u00f3nico\u00c2\u00bb que se modifica para alinearla en mayor medida con los conceptos utilizados en otras normas espa\u00f1olas de car\u00e1cter general y en los pa\u00edses de nuestro entorno.<\/span><\/p>\n

En segundo lugar, se aclara la redacci\u00f3n del apartado 8 del art\u00edculo 3, especificando que lo que debe comprobarse, en caso de impugnarse en juicio una firma electr\u00f3nica reconocida, es si concurren los elementos constitutivos de dicho tipo de firma electr\u00f3nica, es decir, que se trata de una firma electr\u00f3nica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados electr\u00f3nicos, y que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creaci\u00f3n de firma electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

La tercera modificaci\u00f3n acometida es la revisi\u00f3n de la regla de exenci\u00f3n de responsabilidad establecida en el segundo inciso del apartado 5 del art\u00edculo 23 de la Ley que resulta en exceso r\u00edgida y onerosa para los prestadores de servicios de certificaci\u00f3n, por lo que se procede a su oportuna flexibilizaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En coherencia con la mencionada modificaci\u00f3n del art\u00edculo 23, se corrige asimismo el art\u00edculo 13, previendo que para la comprobaci\u00f3n de los datos relativos a las personas jur\u00eddicas y a la representaci\u00f3n de las mismas ser\u00e1 suficiente que sean aportados y cotejados los documentos p\u00fablicos en los que figuren los citados datos, estableciendo as\u00ed un nivel de exigencia equiparable al empleado por las propias Administraciones P\u00fablicas en el cotejo y bastanteo de ese tipo de datos.<\/span><\/p>\n

Se introduce, adem\u00e1s, una modificaci\u00f3n t\u00e9cnica de la actual redacci\u00f3n del apartado 4 del art\u00edculo 31.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, al igual que en el caso de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la Informaci\u00f3n y del Comercio Electr\u00f3nico, este art\u00edculo incorpora una disposici\u00f3n adicional und\u00e9cima a la Ley de Firma Electr\u00f3nica sobre resoluci\u00f3n de conflictos en el sentido de que los usuarios y prestadores de servicios de certificaci\u00f3n podr\u00e1n someter las desavenencias que se susciten entre los mismos al procedimiento arbitral.<\/span><\/p>\n

V<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 6 incluye un nuevo tipo de infracci\u00f3n en el art\u00edculo 64 de la Ley 7\/1996, de 15 de enero, de Ordenaci\u00f3n del Comercio Minorista, a fin de respaldar la nueva obligaci\u00f3n de disponer de un medio de interlocuci\u00f3n electr\u00f3nica para la prestaci\u00f3n de servicios al p\u00fablico de especial trascendencia econ\u00f3mica establecido en el art\u00edculo 2 de la presente Ley.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 7 de la Ley, introduce una serie de modificaciones en la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

La primera de estas modificaciones afecta al apartado primero del art\u00edculo 22 letras a) y c) cuya finalidad es asegurar el acceso a los servicios telef\u00f3nicos y de Internet como servicio universal. Mediante la redacci\u00f3n de la letra a) del art\u00edculo 22 apartado 1 se garantiza que todos usuarios finales puedan obtener una conexi\u00f3n a la red p\u00fablica desde una ubicaci\u00f3n fija y acceder a la prestaci\u00f3n de servicio telef\u00f3nico. La conexi\u00f3n debe ofrecer al usuario la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telef\u00f3nicas y permitir comunicaciones de fax y datos de velocidad suficiente para acceder a Internet, debiendo permitir dicha conexi\u00f3n comunicaciones en banda ancha en los t\u00e9rminos definidos por la normativa vigente.<\/span><\/p>\n

La redacci\u00f3n de la letra c) del citado precepto, garantiza tanto la existencia de una oferta suficiente de tel\u00e9fonos p\u00fablicos de pago en todo el territorio nacional, que satisfaga la necesidades de los usuarios, en cobertura geogr\u00e1fica y en n\u00famero de aparatos, la accesibilidad de dichos tel\u00e9fonos por los usuarios con discapacidades, como la calidad de los servicios con la posibilidad de efectuar gratuitamente llamadas de emergencia y finalmente la existencia de una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha en los t\u00e9rminos que establezca la legislaci\u00f3n en vigor.<\/span><\/p>\n

Con el fin de reforzar los derechos de los usuarios frente a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas, se modifican los art\u00edculos 53 y 54 de la Ley General de Telecomunicaciones, mediante la tipificaci\u00f3n como infracci\u00f3n administrativa del incumplimiento por parte de los operadores de los derechos de los consumidores y usuarios en el \u00e1mbito de las telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se reestablece la exenci\u00f3n de la antigua tasa por reserva de uso especial del espectro, a radioaficionados y usuarios de la Banda Ciudadana CB-27 que figuraba en la Ley 11\/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, para aquellos usuarios que a la fecha de devengo hubieran cumplido los 65 a\u00f1os de edad, as\u00ed como a los beneficiarios de una pensi\u00f3n p\u00fablica o que tengan reconocido un grado de minusval\u00eda igual o superior al 33 por 100.<\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 8 establece un nuevo r\u00e9gimen aplicable a las tarifas por las tareas de asignaci\u00f3n, renovaci\u00f3n y otras operaciones registrales realizadas por la entidad p\u00fablica empresarial Red.es en ejercicio de su funci\u00f3n de Autoridad de Asignaci\u00f3n de los nombres de dominio de Internet bajo el c\u00f3digo de pa\u00eds correspondiente a Espa\u00f1a, que pasar\u00e1n a tener la consideraci\u00f3n de precio p\u00fablico. Con ello, se permite a la entidad p\u00fablica empresarial Red.es comercializar los nombres de dominio \u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb en las mismas condiciones en las que se comercializan el resto de nombres de dominio gen\u00e9ricos y territoriales.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional primera prev\u00e9 que la autoridad de asignaci\u00f3n de los nombres de dominio de Internet bajo el c\u00f3digo de pa\u00eds correspondiente a Espa\u00f1a (\u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb) adopte las medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de Espa\u00f1a distintos de los incluidos en el alfabeto ingl\u00e9s, como es la letra \u00c2\u00ab\u00f1\u00c2\u00bb o la \u00c2\u00ab\u00c1\u00a7\u00c2\u00bb, en un plazo m\u00e1ximo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta Ley.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional segunda prev\u00e9 que el Gobierno, en colaboraci\u00f3n con las Comunidades Aut\u00f3nomas, impulsar\u00e1 la extensi\u00f3n de la banda ancha con el fin de conseguir antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnolog\u00eda utilizada en su caso y su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica. La acci\u00f3n del Gobierno deber\u00e1 dirigirse prioritariamente a las \u00e1reas en las que la acci\u00f3n de los mecanismos del mercado sea insuficiente.<\/span><\/p>\n

Asimismo, se especifica que el Gobierno analizar\u00e1 de forma continua las diferentes opciones tecnol\u00f3gicas y las condiciones de provisi\u00f3n de servicios de acceso a Internet de banda ancha. Para ello, se colaborar\u00e1 con los diferentes sectores interesados a fin de que asesoren al Gobierno en la elaboraci\u00f3n de un informe anual sobre la situaci\u00f3n del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en Espa\u00f1a que tendr\u00e1 car\u00e1cter p\u00fablico y podr\u00e1 incluir recomendaciones para acelerar el despliegue de estos servicios. Estos an\u00e1lisis e informes deber\u00e1n elaborarse de forma territorializada por Comunidades aut\u00f3nomas, comparti\u00e9ndose los datos en formato electr\u00f3nico con las Administraciones que lo soliciten.<\/span><\/p>\n

Por su parte, la disposici\u00f3n adicional tercera prev\u00e9 que el Gobierno elabore en el plazo de seis meses un Plan para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluir\u00e1 directrices y medidas para aumentar la seguridad frente a las amenazas de Internet y proteger la privacidad on line.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional cuarta se refiere a las funciones de la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n y a los \u00f3rganos estad\u00edsticos de las Comunidades Aut\u00f3nomas en materia de requerimientos de informaci\u00f3n para fines estad\u00edsticos y de an\u00e1lisis. A estos efectos se atribuye a la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n tanto la facultad de recabar de los agentes que operan en el sector de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de la sociedad de la informaci\u00f3n en general la informaci\u00f3n necesaria para el ejercicio de sus funciones como la potestad de sancionar las infracciones consistentes en no facilitar al mismo la informaci\u00f3n requerida.<\/span><\/p>\n

En la disposici\u00f3n adicional quinta se establece la obligaci\u00f3n de que en la elaboraci\u00f3n de los proyectos de obras de construcci\u00f3n de carreteras o de infraestructuras ferroviarias se prevea la instalaci\u00f3n de canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electr\u00f3nicas a lo largo de toda la longitud de las mismas y del equipamiento para asegurar la cobertura de comunicaciones m\u00f3viles en todo su recorrido. Estas canalizaciones deber\u00e1n ponerse a disposici\u00f3n de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas interesados en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional sexta encomienda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la funci\u00f3n de mantener una base de datos actualizada y sectorializada como m\u00ednimo por \u00e1mbitos territoriales de Comunidad aut\u00f3noma sobre el despliegue y cobertura de infraestructuras y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas y de la sociedad de la informaci\u00f3n en Espa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima establece que la constituci\u00f3n de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones tendr\u00e1 lugar en el momento que se se\u00f1ale en el Real Decreto de aprobaci\u00f3n de su Estatuto.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional octava modifica el apartado 13 del art\u00edculo 48 de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. La norma establece en Barcelona la sede de la Comisi\u00f3n del Mercado de las Telecomunicaciones que dispondr\u00e1 de patrimonio independiente del patrimonio del Estado. Con la introducci\u00f3n de esta disposici\u00f3n se otorga rango de ley al establecimiento de la sede de dicha Comisi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Las disposiciones adicionales novena y d\u00e9cima modifican, respectivamente, la Ley 2\/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el texto refundido de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564\/1989, de 22 de diciembre al objeto de rebajar de manera dr\u00e1stica los tiempos de constituci\u00f3n de una sociedad limitada pudi\u00e9ndose reducir hasta cuatro d\u00edas.<\/span><\/p>\n

En concreto, la modificaci\u00f3n se basa en las siguientes medidas: (i) Introducci\u00f3n de un modelo tipo u orientativo de estatutos en la sociedad de responsabilidad limitada; (ii) agilizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites que implican la obtenci\u00f3n de una denominaci\u00f3n social como paso previo a la constituci\u00f3n de una sociedad de responsabilidad limitada, sin por ello restar importancia a la seguridad que aporta al tr\u00e1fico mercantil el sistema vigente de denominaciones sociales, tutelado por el Registro Mercantil Central; y (iii) facultar a los administradores, desde el otorgamiento de la escritura fundacional, para el desarrollo del objeto social y para la realizaci\u00f3n de toda clase de actos y contratos relacionados con el mismo.<\/span><\/p>\n

Esta disposici\u00f3n ha sido sometida al procedimiento de informaci\u00f3n en materia de normas y reglamentaciones t\u00e9cnicas previsto en la Directiva 98\/34\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de informaci\u00f3n en materia de normas y reglamentaciones t\u00e9cnicas, modificada por la Directiva 98\/48\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, y en el Real Decreto 1337\/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisi\u00f3n de informaci\u00f3n en materia de normas y reglamentaciones t\u00e9cnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional und\u00e9cima introduce un aspecto de significativa relevancia ya que mandata a las Administraciones P\u00fablicas a promover el impulso, el desarrollo y la aplicaci\u00f3n de los est\u00e1ndares de accesibilidad para las personas con discapacidad en los dise\u00f1os y procesos basados en las nuevas tecnolog\u00edas de la sociedad de la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Para garantizar el derecho de los ciudadanos a la utilizaci\u00f3n de las distintas lenguas del Estado, la disposici\u00f3n adicional duod\u00e9cima impone a las Administraciones P\u00fablicas el deber de fomentar el pluralismo ling\u00c1\u00bc\u00edstico en la sociedad de la informaci\u00f3n y la decimotercera establece, con el fin de impulsar los medios electr\u00f3nicos propios de estas tecnolog\u00edas, la obligaci\u00f3n de regular los instrumentos telem\u00e1ticos necesarios para ser utilizados por aquellos profesionales colegiados que elaboren y preparen proyectos e informes que hayan de incorporarse a los procedimientos que tramiten las Administraciones P\u00fablicas.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional decimocuarta atribuye al Centro Nacional de Referencia de Aplicaci\u00f3n de las Tecnolog\u00edas de Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n (CENATIC), en colaboraci\u00f3n con los Centros Aut\u00f3nomos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnolog\u00eda entre Administraciones P\u00fablicas de la Administraci\u00f3n General del Estado la difusi\u00f3n de las aplicaciones declaradas de fuente abierta por las propias Administraciones P\u00fablicas. Igualmente, el CENATIC se encargar\u00e1 del asesoramiento sobre los aspectos jur\u00eddicos, tecnol\u00f3gicos y metodol\u00f3gicos para la liberaci\u00f3n del software y conocimiento.<\/span><\/p>\n

Con objeto de fomentar la participaci\u00f3n de la sociedad y de las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro y garantizar el pluralismo y la libertad de expresi\u00f3n en la sociedad de la informaci\u00f3n, la Ley incluye una disposici\u00f3n adicional decimoquinta en cuya virtud se establecer\u00e1n los medios de apoyo y l\u00edneas de financiaci\u00f3n para el desarrollo de los servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n promovidos por estas entidades y que fomenten los valores democr\u00e1ticos, la participaci\u00f3n ciudadana y atiendan al inter\u00e9s general o presten servicios a grupos sociales desfavorecidos.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional decimosexta se refiere a la puesta a disposici\u00f3n de los ciudadanos, en los t\u00e9rminos legalmente establecidos de los contenidos digitales de las Administraciones P\u00fablicas de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares o pertenezcan al dominio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

La disposici\u00f3n adicional decimos\u00e9ptima ofrece la posibilidad tanto a las personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas de poner a disposici\u00f3n del p\u00fablico los contenidos de las obras digitalizadas de las que sean titulares, con la finalidad de fomentar las nuevas tecnolog\u00edas y la sociedad de la informaci\u00f3n entre los ciudadanos.<\/span><\/p>\n

CAP\u00c1\u008dTULO I<\/span><\/p>\n

Medidas de impulso de la sociedad de la informaci\u00f3n<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 1. Medidas de impulso de la factura electr\u00f3nica y del uso de medios electr\u00f3nicos en otras fases de los procesos de contrataci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

1. La facturaci\u00f3n electr\u00f3nica en el marco de la contrataci\u00f3n con el sector p\u00fablico estatal ser\u00e1 obligatoria en los t\u00e9rminos que se establezcan en la Ley reguladora de la contrataci\u00f3n en el sector p\u00fablico y en su normativa de desarrollo.<\/span><\/p>\n

A estos efectos, se entender\u00e1 que la factura electr\u00f3nica es un documento electr\u00f3nico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que, adem\u00e1s, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor.<\/span><\/p>\n

2. El Gobierno determinar\u00e1 el \u00f3rgano competente de la Administraci\u00f3n General del Estado que impulsar\u00e1 el empleo de la factura electr\u00f3nica entre empresarios, profesionales y dem\u00e1s agentes del mercado, en particular, entre las peque\u00f1as y medianas empresas y en las denominadas microempresas, con el fin de fomentar el desarrollo del comercio electr\u00f3nico. Las Comunidades Aut\u00f3nomas, de acuerdo con las competencias que tengan reconocidas por sus Estatutos, colaborar\u00e1n en coordinaci\u00f3n con la Administraci\u00f3n del Estado en el impulso del empleo de la factura electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

El Gobierno, o en su caso las Comunidades Aut\u00f3nomas en el \u00e1mbito de sus competencias, establecer\u00e1n, en un plazo m\u00e1ximo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley -o en el plazo que en su lugar establezca la Administraci\u00f3n competente-, en coordinaci\u00f3n con las Comunidades Aut\u00f3nomas -cuando no les corresponda la elaboraci\u00f3n propia- y previa consulta a las asociaciones relevantes representativas de las entidades proveedoras de soluciones t\u00e9cnicas de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, a las asociaciones relevantes de usuarios de las mismas y a los colegios profesionales que agrupen a t\u00e9cnicos del sector de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de las Telecomunicaciones, un plan para la generalizaci\u00f3n del uso de la factura electr\u00f3nica en Espa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

El citado Plan contendr\u00e1, entre otros, los criterios de accesibilidad y promover\u00e1 la interoperabilidad de las distintas soluciones de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica. El Plan de la Administraci\u00f3n General del Estado establecer\u00e1 esquemas espec\u00edficos de ayudas econ\u00f3micas para la implantaci\u00f3n de la factura electr\u00f3nica, en los cuales se contemplar\u00e1n unos fondos generales para las Comunidades Aut\u00f3nomas que desarrollen su propio Plan para la generalizaci\u00f3n del uso de la factura electr\u00f3nica, y ser\u00e1n estas \u00faltimas las que precisar\u00e1n los destinos y condiciones de tramitaci\u00f3n y concesi\u00f3n de las ayudas derivadas de estos fondos.<\/span><\/p>\n

3. Los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Econom\u00eda y Hacienda, teniendo en cuenta las competencias reconocidas a las Comunidades Aut\u00f3nomas, aprobar\u00e1n, en un plazo m\u00e1ximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, las normas sobre formatos estructurados est\u00e1ndar de facturas electr\u00f3nicas que sean necesarias para facilitar la interoperabilidad del sector p\u00fablico con el sector privado y favorecer y potenciar el tratamiento automatizado de las mismas. Estas normas no ser\u00e1n restrictivas y fomentar\u00e1n que el sector p\u00fablico adopte los formatos de amplia implantaci\u00f3n definidos por las organizaciones de estandarizaci\u00f3n globales pertinentes.<\/span><\/p>\n

Los formatos estructurados de las facturas electr\u00f3nicas permitir\u00e1n su visualizaci\u00f3n y emisi\u00f3n en las distintas lenguas oficiales existentes, con la finalidad de garantizar los derechos de los usuarios.<\/span><\/p>\n

4. Adem\u00e1s, las diversas Administraciones P\u00fablicas promover\u00e1n en el \u00e1mbito de sus competencias y seg\u00fan su criterio la incorporaci\u00f3n de la factura electr\u00f3nica en las diferentes actuaciones p\u00fablicas distintas de la contrataci\u00f3n, en particular, en materia de justificaci\u00f3n de ayudas y subvenciones.<\/span><\/p>\n

5. Ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n al tratamiento y conservaci\u00f3n de los datos necesarios para la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica lo dispuesto en la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre, de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal y sus normas de desarrollo.<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 2. Obligaci\u00f3n de disponer de un medio de interlocuci\u00f3n telem\u00e1tica para la prestaci\u00f3n de servicios al p\u00fablico de especial trascendencia econ\u00f3mica.<\/span><\/p>\n

1. Sin perjuicio de la utilizaci\u00f3n de otros medios de comunicaci\u00f3n a distancia con los clientes, las empresas que presten servicios al p\u00fablico en general de especial trascendencia econ\u00f3mica deber\u00e1n facilitar a sus usuarios un medio de interlocuci\u00f3n telem\u00e1tica que, mediante el uso de certificados reconocidos de firma electr\u00f3nica, les permita la realizaci\u00f3n de, al menos, los siguientes tr\u00e1mites:<\/span><\/p>\n

a) Contrataci\u00f3n electr\u00f3nica de servicios, suministros y bienes, la modificaci\u00f3n y finalizaci\u00f3n o rescisi\u00f3n de los correspondientes contratos, as\u00ed como cualquier acto o negocio jur\u00eddico entre las partes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sectorial.<\/span><\/p>\n

b) Consulta de sus datos de cliente, que incluir\u00e1n informaci\u00f3n sobre su historial de facturaci\u00f3n de, al menos, los \u00faltimos tres a\u00f1os y el contrato suscrito, incluidas las condiciones generales si las hubiere.<\/span><\/p>\n

c) Presentaci\u00f3n de quejas, incidencias, sugerencias y, en su caso, reclamaciones, garantizando la constancia de su presentaci\u00f3n para el consumidor y asegurando una atenci\u00f3n personal directa.<\/span><\/p>\n

d) Ejercicio de sus derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, cancelaci\u00f3n y oposici\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en la normativa reguladora de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal.<\/span><\/p>\n

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de empresas que presten servicios al p\u00fablico en general de especial trascendencia econ\u00f3mica, las que agrupen a m\u00e1s de cien trabajadores o su volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, exceda de 6.010.121,04 euros y que, en ambos casos, operen en los siguientes sectores econ\u00f3micos:<\/span><\/p>\n

a) Servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas a consumidores, en los t\u00e9rminos definidos en la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

b) Servicios financieros destinados a consumidores, que incluir\u00e1n los servicios bancarios, de cr\u00e9dito o de pago, los servicios de inversi\u00f3n, las operaciones de seguros privados, los planes de pensiones y la actividad de mediaci\u00f3n de seguros. En particular, se entender\u00e1 por:<\/span><\/p>\n

1. Servicios bancarios, de cr\u00e9dito o de pago: las actividades relacionadas en el art\u00edculo 52 de la Ley 26\/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervenci\u00f3n de las Entidades de Cr\u00e9dito.<\/span><\/p>\n

2. Servicios de inversi\u00f3n: los definidos como tales en la Ley 24\/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.<\/span><\/p>\n

3. Operaciones de seguros privados: las definidas en el art\u00edculo 3 del texto refundido de la Ley de ordenaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6\/2004, de 29 de octubre.<\/span><\/p>\n

4. Planes de pensiones: los definidos en el art\u00edculo 1 del texto refundido de la Ley de Regulaci\u00f3n de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1\/2002, de 29 de noviembre.<\/span><\/p>\n

5. Actividad de corredor de seguros: la definida en la Ley 26\/2006, de 17 de julio, de mediaci\u00f3n en seguros y reaseguros privados.<\/span><\/p>\n

c) Servicios de suministro de agua a consumidores, definidos de acuerdo con la normativa espec\u00edfica.<\/span><\/p>\n

d) Servicios de suministro de gas al por menor, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34\/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.<\/span><\/p>\n

e) Servicios de suministro el\u00e9ctrico a consumidores finales, de acuerdo con lo dispuesto en el t\u00edtulo VIII de la Ley 54\/1997, de 27 noviembre, del Sector El\u00e9ctrico.<\/span><\/p>\n

f) Servicios de agencia de viajes, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 271\/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades propias de las agencias de viajes.<\/span><\/p>\n

g) Servicios de transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por v\u00eda mar\u00edtima, o por v\u00eda a\u00e9rea, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa espec\u00edfica aplicable.<\/span><\/p>\n

h) Actividades de comercio al por menor, en los t\u00e9rminos fijados en el apartado 2 del art\u00edculo 1 de la Ley 7\/1996, de 15 de enero, de ordenaci\u00f3n del comercio minorista y en su normativa de desarrollo, a las que ser\u00e1n de aplicaci\u00f3n \u00fanicamente los apartados c) y d) del apartado 1 del presente art\u00edculo.<\/span><\/p>\n

3. Excepcionalmente, el Gobierno o, en su caso, los \u00f3rganos competentes de las Comunidades Aut\u00f3nomas podr\u00e1n ampliar el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del apartado 1 del presente art\u00edculo a otras empresas diferentes de las previstas en la Ley, en aquellos casos en los que, por la naturaleza del servicio que presten, se considere que en el desarrollo de su actividad normal deban tener una interlocuci\u00f3n telem\u00e1tica con sus clientes o usuarios.<\/span><\/p>\n

En el plazo de un a\u00f1o desde la entrada en vigor de la obligaci\u00f3n a que se refiere el apartado 1, el Gobierno analizar\u00e1 la aplicaci\u00f3n del apartado 2 de este art\u00edculo a otras empresas con m\u00e1s de cien trabajadores o que tengan un volumen anual de operaciones, calculado conforme a lo establecido en la normativa del Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido, superior a 6.010.212,04 euros, que en el desarrollo de su actividad normal, presten servicios en los que se considere que deban tener una interlocuci\u00f3n telem\u00e1tica con sus clientes o usuarios.<\/span><\/p>\n

Las Comunidades Aut\u00f3nomas con competencias exclusivas en las materias objeto de obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n telem\u00e1tica podr\u00e1n modificar el \u00e1mbito y la intensidad de aplicaci\u00f3n del apartado 1 del presente art\u00edculo en aquellos casos en que precisamente debido al desarrollo sectorial de sus competencias lo consideren oportuno.<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 3. Ofertas p\u00fablicas de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica entre empresas.<\/span><\/p>\n

1. A los efectos de este precepto se entiende por oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica entre empresas, aquel servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n que consiste en un proceso enteramente electr\u00f3nico abierto y limitado en el tiempo, por el que una empresa ofrece la posibilidad de comprar o vender un determinado tipo de productos a otras empresas de manera que la contrataci\u00f3n final se adjudique a la propuesta mejor valorada.<\/span><\/p>\n

2. Las ofertas p\u00fablicas de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica entre empresas que se adscriban al protocolo de transparencia descrito en el apartado 3 de este art\u00edculo podr\u00e1n ostentar la denominaci\u00f3n de \u00c2\u00abOferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica de transparencia garantizada\u00c2\u00bb.<\/span><\/p>\n

3. Para que una oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica entre empresas sea calificada de \u00c2\u00abOferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica de transparencia garantizada\u00c2\u00bb deber\u00e1 responder a los siguientes requisitos m\u00ednimos:<\/span><\/p>\n

a) La empresa adjudicadora que decida recurrir a una oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica har\u00e1 menci\u00f3n de ello en el anuncio de licitaci\u00f3n que se publicar\u00e1 en la p\u00e1gina corporativa de la empresa de forma accesible y visible para el conjunto de las empresas o para algunas previamente seleccionadas.<\/span><\/p>\n

En el anuncio de licitaci\u00f3n se invitar\u00e1 a presentar ofertas en un plazo razonable a partir de la fecha de publicaci\u00f3n del anuncio.<\/span><\/p>\n

b) Las condiciones de la empresa adjudicadora incluir\u00e1n, al menos, informaci\u00f3n sobre los elementos a cuyos valores se refiere la oferta de p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica, siempre que sean cuantificables y puedan ser expresados en cifras o porcentajes; en su caso, los l\u00edmites de los valores que podr\u00e1n presentarse, tal como resultan de las especificaciones del objeto del contrato; la informaci\u00f3n que se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los licitadores durante la oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica y el momento en que, en su caso, dispondr\u00e1n de dicha informaci\u00f3n; la informaci\u00f3n pertinente sobre el desarrollo de la oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica; las condiciones en las que los licitadores podr\u00e1n pujar, y, en particular, las diferencias m\u00ednimas que se exigir\u00e1n, en su caso, para pujar; la informaci\u00f3n pertinente sobre el dispositivo electr\u00f3nico utilizado y sobre las modalidades y especificaciones t\u00e9cnicas de conexi\u00f3n.<\/span><\/p>\n

c) A lo largo del proceso de la oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica, la empresa adjudicadora comunicar\u00e1 a todos los licitadores como m\u00ednimo la informaci\u00f3n que les permita conocer en todo momento su respectiva clasificaci\u00f3n. La empresa adjudicadora podr\u00e1, asimismo, comunicar otros datos relativos a otros precios o valores presentados. Los participantes \u00fanicamente podr\u00e1n utilizar la informaci\u00f3n a la que se refiere este p\u00e1rrafo a fin de conocer su clasificaci\u00f3n, sin que puedan proceder a su tratamiento para otra finalidad distinta de la se\u00f1alada.<\/span><\/p>\n

d) La empresa adjudicadora cerrar\u00e1 la oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica de conformidad con la fecha y hora fijadas previamente en el anuncio de licitaci\u00f3n de la oferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

e) Una vez concluido el proceso, la empresa informar\u00e1 a los participantes de la decisi\u00f3n adoptada.<\/span><\/p>\n

4. El Gobierno promover\u00e1 que las empresas se adhieran a la calificaci\u00f3n de \u00c2\u00abOferta p\u00fablica de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica de transparencia garantizada\u00c2\u00bb en sus relaciones comerciales.<\/span><\/p>\n

CAP\u00c1\u008dTULO II<\/span><\/p>\n

Modificaciones legislativas para el impulso de la sociedad de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones electr\u00f3nicas<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 4. Modificaciones de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico.<\/span><\/p>\n

Se modifica la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico, en los siguientes aspectos:<\/span><\/p>\n

Uno. Se da nueva redacci\u00f3n al p\u00e1rrafo primero del art\u00edculo 4, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abA los prestadores establecidos en pa\u00edses que no sean miembros de la Uni\u00f3n Europea o del Espacio Econ\u00f3mico Europeo, les ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en los art\u00edculos 7.2 y 11.2.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Dos. Se da nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 8, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abArt\u00edculo 8. Restricciones a la prestaci\u00f3n de servicios y procedimiento de cooperaci\u00f3n intracomunitario.<\/span><\/p>\n

1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuaci\u00f3n, los \u00f3rganos competentes para su protecci\u00f3n, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podr\u00e1n adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestaci\u00f3n o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes:<\/span><\/p>\n

a) La salvaguarda del orden p\u00fablico, la investigaci\u00f3n penal, la seguridad p\u00fablica y la defensa nacional.<\/span><\/p>\n

b) La protecci\u00f3n de la salud p\u00fablica o de las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que tengan la condici\u00f3n de consumidores o usuarios, incluso cuando act\u00faen como inversores.<\/span><\/p>\n

c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminaci\u00f3n por motivos de raza, sexo, religi\u00f3n, opini\u00f3n, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y<\/span><\/p>\n

d) La protecci\u00f3n de la juventud y de la infancia.<\/span><\/p>\n

En la adopci\u00f3n y cumplimiento de las medidas de restricci\u00f3n a que alude este apartado se respetar\u00e1n, en todo caso, las garant\u00edas, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protecci\u00f3n de los datos personales, a la libertad de expresi\u00f3n o a la libertad de informaci\u00f3n, cuando estos pudieran resultar afectados.<\/span><\/p>\n

En todos los casos en los que la Constituci\u00f3n y las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades as\u00ed lo prevean de forma excluyente, s\u00f3lo la autoridad judicial competente podr\u00e1 adoptar las medidas previstas en este art\u00edculo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresi\u00f3n, del derecho de producci\u00f3n y creaci\u00f3n literaria, art\u00edstica, cient\u00edfica y t\u00e9cnica, la libertad de c\u00e1tedra y el derecho de informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

2. La adopci\u00f3n de restricciones a la prestaci\u00f3n de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Uni\u00f3n Europea o del Espacio Econ\u00f3mico Europeo distinto a Espa\u00f1a deber\u00e1 seguir el procedimiento de cooperaci\u00f3n intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este art\u00edculo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislaci\u00f3n procesal y de cooperaci\u00f3n judicial.<\/span><\/p>\n

3. Cuando un \u00f3rgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el p\u00e1rrafo a) del apartado 4 del art\u00edculo 3 de la Directiva 2000\/31\/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n que proceda de alguno de los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea o del Espacio Econ\u00f3mico Europeo distinto de Espa\u00f1a, dicho \u00f3rgano deber\u00e1 seguir el siguiente procedimiento:<\/span><\/p>\n

a) El \u00f3rgano competente requerir\u00e1 al Estado miembro en que est\u00e9 establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicho \u00f3rgano notificar\u00e1, con car\u00e1cter previo, a la Comisi\u00f3n Europea o, en su caso, al Comit\u00e9 Mixto del Espacio Econ\u00f3mico Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intenci\u00f3n de adoptar.<\/span><\/p>\n

b) En los supuestos de urgencia, el \u00f3rgano competente podr\u00e1 adoptar las medidas oportunas, notific\u00e1ndolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisi\u00f3n Europea o, en su caso, al Comit\u00e9 Mixto del Espacio Econ\u00f3mico Europeo con la mayor brevedad y, en cualquier caso, como m\u00e1ximo, en el plazo de quince d\u00edas desde su adopci\u00f3n. As\u00ed mismo, deber\u00e1 indicar la causa de dicha urgencia.<\/span><\/p>\n

Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizar\u00e1n siempre a trav\u00e9s del \u00f3rgano de la Administraci\u00f3n General del Estado competente para la comunicaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a las Comunidades Europeas.<\/span><\/p>\n

4. Los \u00f3rganos competentes de otros Estados Miembros de la Uni\u00f3n Europea o del Espacio Econ\u00f3mico Europeo podr\u00e1n requerir la colaboraci\u00f3n de los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n establecidos en Espa\u00f1a en los t\u00e9rminos previstos en el apartado 2 del art\u00edculo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricci\u00f3n que adopten al amparo del apartado anterior.<\/span><\/p>\n

5. Las medidas de restricci\u00f3n que se adopten al amparo de este art\u00edculo deber\u00e1n, en todo caso, cumplir las garant\u00edas y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del art\u00edculo 11 de esta ley.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Tres. Se suprime el art\u00edculo 9, sobre constancia registral del nombre de dominio, que queda sin contenido.<\/span><\/p>\n

Cuatro. Se da nueva redacci\u00f3n a los p\u00e1rrafos b) y f) del apartado 1 del art\u00edculo 10, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abb) Los datos de su inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro p\u00fablico en el que lo estuvieran para la adquisici\u00f3n de personalidad jur\u00eddica o a los solos efectos de publicidad.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abf) Cuando el servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n haga referencia a precios, se facilitar\u00e1 informaci\u00f3n clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de env\u00edo o en su caso aquello que dispongan las normas de las Comunidades Aut\u00f3nomas con competencias en la materia.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Cinco. Se da nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 11, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abArt\u00edculo 11. Deber de colaboraci\u00f3n de los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

1. Cuando un \u00f3rgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestaci\u00f3n de un servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en Espa\u00f1a, y para ello fuera necesaria la colaboraci\u00f3n de los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n, dicho \u00f3rgano podr\u00e1 ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediaci\u00f3n utilizado para la provisi\u00f3n del servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n o de los contenidos cuya interrupci\u00f3n o retirada hayan sido ordenados respectivamente.<\/span><\/p>\n

2. Si para garantizar la efectividad de la resoluci\u00f3n que acuerde la interrupci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de un servicio o la retirada de contenidos procedentes de un prestador establecido en un Estado no perteneciente a la Uni\u00f3n Europea o al Espacio Econ\u00f3mico Europeo, el \u00f3rgano competente estimara necesario impedir el acceso desde Espa\u00f1a a los mismos, y para ello fuera necesaria la colaboraci\u00f3n de los prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n establecidos en Espa\u00f1a, dicho \u00f3rgano podr\u00e1 ordenar a los citados prestadores de servicios de intermediaci\u00f3n que suspendan el correspondiente servicio de intermediaci\u00f3n utilizado para la provisi\u00f3n del servicio de la sociedad de la informaci\u00f3n o de los contenidos cuya interrupci\u00f3n o retirada hayan sido ordenados respectivamente.<\/span><\/p>\n

3. En la adopci\u00f3n y cumplimiento de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, se respetar\u00e1n, en todo caso, las garant\u00edas, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protecci\u00f3n de los datos personales, a la libertad de expresi\u00f3n o a la libertad de informaci\u00f3n, cuando estos pudieran resultar afectados.<\/span><\/p>\n

En todos los casos en que la Constituci\u00f3n, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diferentes materias atribuyan competencia a los \u00f3rganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o derechos, s\u00f3lo la autoridad judicial competente podr\u00e1 adoptar las medidas previstas en este art\u00edculo. En particular, la autorizaci\u00f3n del secuestro de p\u00e1ginas de Internet o de su restricci\u00f3n cuando \u00e9sta afecte a los derechos y libertades de expresi\u00f3n e informaci\u00f3n y dem\u00e1s amparados en los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 20 de la Constituci\u00f3n solo podr\u00e1 ser decidida por los \u00f3rganos jurisdiccionales competentes.<\/span><\/p>\n

4. Las medidas a que hace referencia este art\u00edculo ser\u00e1n objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptar\u00e1n de forma cautelar o en ejecuci\u00f3n de las resoluciones que se dicten, conforme a los procedimientos administrativos legalmente establecidos o a los previstos en la legislaci\u00f3n procesal que corresponda.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Seis. Se incluye un nuevo art\u00edculo 12 bis, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abArt\u00edculo 12 bis. Obligaciones de informaci\u00f3n sobre seguridad.<\/span><\/p>\n

1. Los proveedores de servicios de intermediaci\u00f3n establecidos en Espa\u00f1a de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 2 de esta Ley que realicen actividades consistentes en la prestaci\u00f3n de servicios de acceso a Internet, estar\u00e1n obligados a informar a sus clientes de forma permanente, f\u00e1cil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de car\u00e1cter t\u00e9cnico que aumenten los niveles de la seguridad de la informaci\u00f3n y permitan, entre otros, la protecci\u00f3n frente a virus inform\u00e1ticos y programas esp\u00eda, y la restricci\u00f3n de los correos electr\u00f3nicos no solicitados.<\/span><\/p>\n

2. Los proveedores de servicios de acceso a Internet y los prestadores de servicios de correo electr\u00f3nico o de servicios similares deber\u00e1n informar a sus clientes de forma permanente, f\u00e1cil, directa y gratuita sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisi\u00f3n de los mencionados servicios.<\/span><\/p>\n

3. Igualmente, los proveedores de servicios referidos en el apartado 1 informar\u00e1n sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricci\u00f3n del acceso a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia.<\/span><\/p>\n

4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1 facilitar\u00e1n informaci\u00f3n a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines il\u00edcitos, en particular, para la comisi\u00f3n de il\u00edcitos penales y por la vulneraci\u00f3n de la legislaci\u00f3n en materia de propiedad intelectual e industrial.<\/span><\/p>\n

5. Las obligaciones de informaci\u00f3n referidas en los apartados anteriores se dar\u00e1n por cumplidas si el correspondiente proveedor incluye la informaci\u00f3n exigida en su p\u00e1gina o sitio principal de Internet en la forma establecida en los mencionados apartados.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Siete. Se da nueva redacci\u00f3n al apartado 2 del art\u00edculo 17, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab2. La exenci\u00f3n de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operar\u00e1 en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localizaci\u00f3n se facilite act\u00fae bajo la direcci\u00f3n, autoridad o control del prestador que facilite la localizaci\u00f3n de esos contenidos.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Ocho. Se modifica el apartado 3 del art\u00edculo 18, teniendo \u00e9ste el siguiente tenor literal:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab3. Los c\u00f3digos de conducta a los que hacen referencia los apartados precedentes deber\u00e1n ser accesibles por v\u00eda electr\u00f3nica. Se fomentar\u00e1 su traducci\u00f3n a otras lenguas oficiales, en el Estado y de la Uni\u00f3n Europea, con objeto de darles mayor difusi\u00f3n.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Nueve. Se da nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 20, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abArt\u00edculo 20. Informaci\u00f3n exigida sobre las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos.<\/span><\/p>\n

1. Las comunicaciones comerciales realizadas por v\u00eda electr\u00f3nica deber\u00e1n ser claramente identificables como tales y la persona f\u00edsica o jur\u00eddica en nombre de la cual se realizan tambi\u00e9n deber\u00e1 ser claramente identificable.<\/span><\/p>\n

En el caso en el que tengan lugar a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico u otro medio de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica equivalente incluir\u00e1n al comienzo del mensaje la palabra \u00bbpublicidad\u00bb o la abreviatura \u00bbpubli\u00bb.<\/span><\/p>\n

2. En los supuestos de ofertas promocionales, como las que incluyan descuentos, premios y regalos, y de concursos o juegos promocionales, previa la correspondiente autorizaci\u00f3n, se deber\u00e1 asegurar, adem\u00e1s del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior y en las normas de ordenaci\u00f3n del comercio, que queden claramente identificados como tales y que las condiciones de acceso y, en su caso, de participaci\u00f3n sean f\u00e1cilmente accesibles y se expresen de forma clara e inequ\u00edvoca.<\/span><\/p>\n

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo que dispongan las normativas dictadas por las Comunidades Aut\u00f3nomas con competencias exclusivas sobre consumo, comercio electr\u00f3nico o publicidad.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Diez. Se da nueva redacci\u00f3n al apartado 1 del art\u00edculo 24, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab1. La prueba de la celebraci\u00f3n de un contrato por v\u00eda electr\u00f3nica y la de las obligaciones que tienen su origen en \u00e9l se sujetar\u00e1 a las reglas generales del ordenamiento jur\u00eddico.<\/span><\/p>\n

Cuando los contratos celebrados por v\u00eda electr\u00f3nica est\u00e9n firmados electr\u00f3nicamente se estar\u00e1 a lo establecido en el art\u00edculo 3 de la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Once. Se da nueva redacci\u00f3n a la r\u00fabrica y a los apartados 1 y 2 del art\u00edculo 27, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abArt\u00edculo 27. Obligaciones previas a la contrataci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

1. Adem\u00e1s del cumplimiento de los requisitos en materia de informaci\u00f3n que se establecen en la normativa vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n que realice actividades de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de poner a disposici\u00f3n del destinatario, antes de iniciar el procedimiento de contrataci\u00f3n y mediante t\u00e9cnicas adecuadas al medio de comunicaci\u00f3n utilizado, de forma permanente, f\u00e1cil y gratuita, informaci\u00f3n clara, comprensible e inequ\u00edvoca sobre los siguientes extremos:<\/span><\/p>\n

a) Los distintos tr\u00e1mites que deben seguirse para celebrar el contrato.<\/span><\/p>\n

b) Si el prestador va a archivar el documento electr\u00f3nico en que se formalice el contrato y si \u00e9ste va a ser accesible.<\/span><\/p>\n

c) Los medios t\u00e9cnicos que pone a su disposici\u00f3n para identificar y corregir errores en la introducci\u00f3n de los datos, y<\/span><\/p>\n

d) La lengua o lenguas en que podr\u00e1 formalizarse el contrato.<\/span><\/p>\n

La obligaci\u00f3n de poner a disposici\u00f3n del destinatario la informaci\u00f3n referida en el p\u00e1rrafo anterior se dar\u00e1 por cumplida si el prestador la incluye en su p\u00e1gina o sitio de Internet en las condiciones se\u00f1aladas en dicho p\u00e1rrafo.<\/span><\/p>\n

Cuando el prestador dise\u00f1e espec\u00edficamente sus servicios de contrataci\u00f3n electr\u00f3nica para ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con pantallas de formato reducido, se entender\u00e1 cumplida la obligaci\u00f3n establecida en este apartado cuando facilite de manera permanente, f\u00e1cil, directa y exacta la direcci\u00f3n de Internet en que dicha informaci\u00f3n es puesta a disposici\u00f3n del destinatario.<\/span><\/p>\n

2. El prestador no tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de facilitar la informaci\u00f3n se\u00f1alada en el apartado anterior cuando:<\/span><\/p>\n

a) Ambos contratantes as\u00ed lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideraci\u00f3n de consumidor, o<\/span><\/p>\n

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de correo electr\u00f3nico u otro tipo de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica equivalente.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Doce. Se da una nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 33, con el siguiente texto:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abLos destinatarios y prestadores de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n podr\u00e1n dirigirse a cualesquiera \u00f3rganos competentes en materia de sociedad de la informaci\u00f3n, sanidad y consumo de las Administraciones P\u00fablicas, para:<\/span><\/p>\n

a) Conseguir informaci\u00f3n general sobre sus derechos y obligaciones contractuales en el marco de la normativa aplicable a la contrataci\u00f3n electr\u00f3nica,<\/span><\/p>\n

b) Informarse sobre los procedimientos de resoluci\u00f3n judicial y extrajudicial de conflictos, y<\/span><\/p>\n

c) Obtener los datos de las autoridades, asociaciones u organizaciones que puedan facilitarles informaci\u00f3n adicional o asistencia pr\u00e1ctica.<\/span><\/p>\n

La comunicaci\u00f3n con dichos \u00f3rganos podr\u00e1 hacerse por medios electr\u00f3nicos.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Trece. Se da una nueva redacci\u00f3n a los apartados 1 y 2 del art\u00edculo 35, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el \u00e1mbito de la Administraci\u00f3n General del Estado, y los \u00f3rganos que correspondan de las Comunidades Aut\u00f3nomas, controlar\u00e1n, en sus respectivos \u00e1mbitos territoriales y competenciales, el cumplimiento por los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n de las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo, en lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

No obstante, las referencias a los \u00f3rganos competentes contenidas en los art\u00edculos 8, 10, 11, 15, 16, 17 y 38 se entender\u00e1n hechas a los \u00f3rganos jurisdiccionales o administrativos que, en cada caso, lo sean en funci\u00f3n de la materia.<\/span><\/p>\n

2. Los \u00f3rganos citados en el apartado 1 de este art\u00edculo podr\u00e1n realizar las actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su funci\u00f3n de control.<\/span><\/p>\n

Los funcionarios adscritos a dichos \u00f3rganos y que ejerzan la inspecci\u00f3n a que se refiere el p\u00e1rrafo anterior tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de autoridad p\u00fablica en el desempe\u00f1o de sus cometidos.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Catorce. Se suprime la letra a) del apartado 2 del art\u00edculo 38 que queda sin contenido.<\/span><\/p>\n

Quince. Se da nueva redacci\u00f3n a la letra a) del apartado 4 del art\u00edculo 38, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00aba) El incumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo 12 bis.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Diecis\u00e9is. Se da una nueva redacci\u00f3n al art\u00edculo 43, con el siguiente texto:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab1. La imposici\u00f3n de sanciones por incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponder\u00e1 al \u00f3rgano o autoridad que dict\u00f3 la resoluci\u00f3n incumplida o al que est\u00e9n adscritos los inspectores. Asimismo las infracciones respecto a los derechos y garant\u00edas de los consumidores y usuarios ser\u00e1n sancionadas por el \u00f3rgano correspondiente de las Comunidades Aut\u00f3nomas competentes en materia de consumo.<\/span><\/p>\n

2. En la Administraci\u00f3n General del Estado, la imposici\u00f3n de sanciones por el incumplimiento de lo previsto en esta Ley corresponder\u00e1, en el caso de infracciones muy graves, al Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y en el de infracciones graves y leves, al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, la imposici\u00f3n de sanciones por incumplimiento de las resoluciones dictadas por los \u00f3rganos competentes en funci\u00f3n de la materia o entidad de que se trate a que se refieren los p\u00e1rrafos a) y b) del art\u00edculo 38.2 de esta Ley corresponder\u00e1 al \u00f3rgano que dict\u00f3 la resoluci\u00f3n incumplida. Igualmente, corresponder\u00e1 a la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos la imposici\u00f3n de sanciones por la comisi\u00f3n de las infracciones tipificadas en los art\u00edculos 38.3 c), d) e i) y 38.4 d), g) y h) de esta Ley.<\/span><\/p>\n

3. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercer\u00e1 de conformidad con lo establecido al respecto en la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, y en sus normas de desarrollo. No obstante, el plazo m\u00e1ximo de duraci\u00f3n del procedimiento simplificado ser\u00e1 de tres meses.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Diecisiete. Se da una nueva redacci\u00f3n a la disposici\u00f3n adicional tercera, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abDisposici\u00f3n adicional tercera. Sistema Arbitral de Consumo.<\/span><\/p>\n

El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n podr\u00e1n someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesi\u00f3n de aqu\u00e9llos al Sistema Arbitral de Consumo competente que se prestar\u00e1 tambi\u00e9n por medios electr\u00f3nicos, conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Dieciocho. Se da nueva redacci\u00f3n al p\u00e1rrafo segundo del apartado uno de la disposici\u00f3n adicional quinta, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abA partir del 31 de diciembre de 2008, las p\u00e1ginas de Internet de las Administraciones P\u00fablicas satisfar\u00e1n, como m\u00ednimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligaci\u00f3n no ser\u00e1 aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una soluci\u00f3n tecnol\u00f3gica que permita su accesibilidad.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Diecinueve. Se a\u00f1aden dos nuevos p\u00e1rrafos, que pasar\u00e1n a ser respectivamente el tercero y el cuarto, al apartado uno de la disposici\u00f3n adicional quinta, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abLas Administraciones P\u00fablicas exigir\u00e1n que tanto las p\u00e1ginas de Internet cuyo dise\u00f1o o mantenimiento financien total o parcialmente como las p\u00e1ginas de Internet de entidades y empresas que se encarguen de gestionar servicios p\u00fablicos apliquen los criterios de accesibilidad antes mencionados. En particular, ser\u00e1 obligatorio lo expresado en este apartado para las p\u00e1ginas de Internet y sus contenidos de los Centros p\u00fablicos educativos, de formaci\u00f3n y universitarios, as\u00ed como, de los Centros privados que obtengan financiaci\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

Las p\u00e1ginas de Internet de las Administraciones P\u00fablicas deber\u00e1n ofrecer al usuario informaci\u00f3n sobre su nivel de accesibilidad y facilitar un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de acceso al contenido de las p\u00e1ginas de Internet o formular cualquier queja, consulta o sugerencia de mejora.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Veinte. Se a\u00f1aden tres nuevos apartados, que pasar\u00e1n a ser los apartados tres, cuatro y cinco, a la disposici\u00f3n adicional quinta, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abTres. Las Administraciones P\u00fablicas promover\u00e1n medidas de sensibilizaci\u00f3n, educaci\u00f3n y formaci\u00f3n sobre accesibilidad con objeto de promover que los titulares de otras p\u00e1ginas de Internet incorporen progresivamente los criterios de accesibilidad.<\/span><\/p>\n

Cuatro. Los incumplimientos de las obligaciones de accesibilidad establecidas en esta Disposici\u00f3n adicional estar\u00e1n sometidos al r\u00e9gimen de infracciones y sanciones vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminaci\u00f3n y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.<\/span><\/p>\n

Cinco. Las p\u00e1ginas de Internet de las empresas que presten servicios al p\u00fablico en general de especial trascendencia econ\u00f3mica, sometidas a la obligaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 2 de la Ley 56\/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la informaci\u00f3n, deber\u00e1n satisfacer a partir del 31 de diciembre de 2008, como m\u00ednimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocidos. Excepcionalmente, esta obligaci\u00f3n no ser\u00e1 aplicable cuando una funcionalidad o servicio no disponga de una soluci\u00f3n tecnol\u00f3gica que permita su accesibilidad.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 5. Modificaciones de la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

Se modifica la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica, en los siguientes aspectos:<\/span><\/p>\n

Uno. Se da nueva redacci\u00f3n al apartado 5 del art\u00edcu-lo 3, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab5. Se considera documento electr\u00f3nico la informaci\u00f3n de cualquier naturaleza en forma electr\u00f3nica, archivada en un soporte electr\u00f3nico seg\u00fan un formato determinado y susceptible de identificaci\u00f3n y tratamiento diferenciado.<\/span><\/p>\n

Sin perjuicio de lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior, para que un documento electr\u00f3nico tenga la naturaleza de documento p\u00fablico o de documento administrativo deber\u00e1 cumplirse, respectivamente, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado siguiente y, en su caso, en la normativa espec\u00edfica aplicable.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Dos. Se da nueva redacci\u00f3n al apartado 8 del art\u00edculo 3, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab8. El soporte en que se hallen los datos firmados electr\u00f3nicamente ser\u00e1 admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electr\u00f3nica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electr\u00f3nico se proceder\u00e1 a comprobar que se trata de una firma electr\u00f3nica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, as\u00ed como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creaci\u00f3n de firma electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponder\u00e1 a quien haya presentado el documento electr\u00f3nico firmado con firma electr\u00f3nica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumir\u00e1 la autenticidad de la firma electr\u00f3nica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electr\u00f3nico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobaci\u00f3n exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnaci\u00f3n. Si, a juicio del tribunal, la impugnaci\u00f3n hubiese sido temeraria, podr\u00e1 imponerle, adem\u00e1s, una multa de 120 a 600 euros.<\/span><\/p>\n

Si se impugna la autenticidad de la firma electr\u00f3nica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electr\u00f3nico, se estar\u00e1 a lo establecido en el apartado 2 del art\u00edculo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Tres. Se da nueva redacci\u00f3n a los apartados 2 y 3 del art\u00edculo 13, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab2. En el caso de certificados reconocidos de personas jur\u00eddicas, los prestadores de servicios de certificaci\u00f3n comprobar\u00e1n, adem\u00e1s, los datos relativos a la constituci\u00f3n y personalidad jur\u00eddica y a la extensi\u00f3n y vigencia de las facultades de representaci\u00f3n del solicitante mediante los documentos p\u00fablicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y su inscripci\u00f3n en el correspondiente registro p\u00fablico si as\u00ed resulta exigible. La citada comprobaci\u00f3n podr\u00e1 realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro p\u00fablico en el que est\u00e9n inscritos los documentos de constituci\u00f3n y d4e apoderamiento, pudiendo emplear los medios telem\u00e1ticos facilitados por los citados registros p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n

3. Si los certificados reconocidos reflejan una relaci\u00f3n de representaci\u00f3n voluntaria, los prestadores de servicios de certificaci\u00f3n comprobar\u00e1n los datos relativos a la personalidad jur\u00eddica del representado y a la extensi\u00f3n y vigencia de las facultades del representante mediante los documentos p\u00fablicos que sirvan para acreditar los extremos citados de manera fehaciente y su inscripci\u00f3n en el correspondiente registro p\u00fablico si as\u00ed resulta exigible. La citada comprobaci\u00f3n podr\u00e1 realizarse, asimismo, mediante consulta en el registro p\u00fablico en el que est\u00e9n inscritos los mencionados datos, pudiendo emplear los medios telem\u00e1ticos facilitados por los citados registros p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n

Si los certificados reconocidos admiten otros supuestos de representaci\u00f3n, los prestadores de servicios de certificaci\u00f3n deber\u00e1n exigir la acreditaci\u00f3n de las circunstancias en las que se fundamenten, en la misma forma prevista anteriormente.<\/span><\/p>\n

Cuando el certificado reconocido contenga otras circunstancias personales o atributos del solicitante, como su condici\u00f3n de titular de un cargo p\u00fablico, su pertenencia a un colegio profesional o su titulaci\u00f3n, \u00e9stas deber\u00e1n comprobarse mediante los documentos oficiales que las acrediten, de conformidad con su normativa espec\u00edfica.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Cuatro. Se da nueva redacci\u00f3n al apartado 5 del art\u00edculo 23, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab5. El prestador de servicios de certificaci\u00f3n no ser\u00e1 responsable de los da\u00f1os y perjuicios ocasionados al firmante o terceros de buena fe por la inexactitud de los datos que consten en el certificado electr\u00f3nico si \u00e9stos le han sido acreditados mediante documento p\u00fablico, inscrito en un registro p\u00fablico si as\u00ed resulta exigible. En caso de que dichos datos deban figurar inscritos en un registro p\u00fablico, el prestador de servicios de certificaci\u00f3n podr\u00e1, en su caso, comprobarlos en el citado registro antes de la expedici\u00f3n del certificado, pudiendo emplear los medios telem\u00e1ticos facilitados por los citados registros p\u00fablicos.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Cinco. Se da nueva redacci\u00f3n al apartado 4 del art\u00edculo 31, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab4. Constituyen infracciones leves:<\/span><\/p>\n

El incumplimiento por los prestadores de servicios de certificaci\u00f3n que no expidan certificados reconocidos de las obligaciones establecidas en el art\u00edculo 18; y el incumplimiento por los prestadores de servicios de certificaci\u00f3n de las restantes obligaciones establecidas en esta Ley, cuando no constituya infracci\u00f3n grave o muy grave, con excepci\u00f3n de las obligaciones contenidas en el apartado 2 del art\u00edculo 30.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Seis. Se a\u00f1ade una disposici\u00f3n adicional, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abDisposici\u00f3n adicional und\u00e9cima. Resoluci\u00f3n de conflictos.<\/span><\/p>\n

Los usuarios y prestadores de servicios de certificaci\u00f3n podr\u00e1n someter los conflictos que se susciten en sus relaciones al arbitraje.<\/span><\/p>\n

Cuando el usuario tenga la condici\u00f3n de consumidor o usuario, en los t\u00e9rminos establecidos por la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n de los consumidores, el prestador y el usuario podr\u00e1n someter sus conflictos al arbitraje de consumo, mediante la adhesi\u00f3n de aqu\u00e9llos al Sistema Arbitral de Consumo competente.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 6. Modificaci\u00f3n de la Ley 7\/1996, de 15 de enero, de ordenaci\u00f3n del comercio minorista.<\/span><\/p>\n

Se a\u00f1ade una nueva letra i) al art\u00edculo 64 de la Ley 7\/1996, de 15 de enero, de ordenaci\u00f3n del comercio minorista, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abi) Los incumplimientos de lo dispuesto en el p\u00e1rrafo d) del apartado 1 del citado art\u00edculo 2 ser\u00e1n sancionables conforme a lo dispuesto en la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre, de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal correspondiendo la potestad sancionadora al \u00f3rgano que resulte competente.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 7. Modificaciones de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

Se modifica la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en los siguientes aspectos:<\/span><\/p>\n

Uno. Se modifican las letras a) y c) del apartado 1 del art\u00edculo 22 quedando con la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00aba) Que todos los usuarios finales puedan obtener una conexi\u00f3n a la red telef\u00f3nica p\u00fablica desde una ubicaci\u00f3n fija y acceder a la prestaci\u00f3n del servicio telef\u00f3nico disponible al publico, siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los t\u00e9rminos que reglamentariamente se determinen. La conexi\u00f3n debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telef\u00f3nicas y permitir comunicaciones de fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. No obstante, la conexi\u00f3n deber\u00e1 permitir comunicaciones en banda ancha, en los t\u00e9rminos que se definan por la normativa vigente.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abc) Que exista una oferta suficiente de tel\u00e9fonos p\u00fablicos de pago, en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geogr\u00e1fica, en n\u00famero de aparatos, accesibilidad de estos tel\u00e9fonos por los usuarios con discapacidades y calidad de los servicios y, que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de emergencia desde los tel\u00e9fonos p\u00fablicos de pago sin tener que utilizar ninguna forma de pago, utilizando el n\u00famero \u00fanico de llamadas de emergencia 112 y otros n\u00fameros de emergencia espa\u00f1oles. Asimismo, en los t\u00e9rminos que se definan por la normativa vigente para el servicio universal, que exista una oferta suficiente de equipos terminales de acceso a Internet de banda ancha.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Dos. Se introduce una nueva redacci\u00f3n en el apartado l) del art\u00edculo 53 que queda redactado de la siguiente forma:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abl) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de servicio p\u00fablico y la grave o reiterada vulneraci\u00f3n de los derechos de los consumidores y usuarios finales seg\u00fan lo establecido en el T\u00edtulo III de la Ley y su normativa de desarrollo, con excepci\u00f3n de los establecidos por el art\u00edculo 38.3 cuya vulneraci\u00f3n ser\u00e1 sancionable conforme a lo previsto en el p\u00e1rrafo z) de este art\u00edculo.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Tres. El apartado o) del art\u00edculo 54 queda redactado de la siguiente forma:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abo) El incumplimiento de las obligaciones de servicio p\u00fablico y la vulneraci\u00f3n de los derechos de los consumidores y usuarios finales, seg\u00fan lo establecido en el T\u00edtulo III de la Ley y su normativa de desarrollo, salvo que deban considerarse como infracci\u00f3n muy grave, conforme a lo previsto en el art\u00edculo anterior.<\/span><\/p>\n

No obstante, la vulneraci\u00f3n de los derechos establecidos por el art\u00edculo 38.3 de esta Ley ser\u00e1 sancionable conforme a lo previsto en el p\u00e1rrafo r) de este art\u00edculo.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Cuatro. Se modifica el apartado 7 del punto 3 del Anexo I, que queda redactado como sigue:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abLas Administraciones P\u00fablicas estar\u00e1n exentas del pago de esta tasa en los supuestos de reserva de dominio p\u00fablico radioel\u00e9ctrico para la prestaci\u00f3n de servicios obligatorios de inter\u00e9s general que tenga exclusivamente por objeto la defensa nacional, la seguridad p\u00fablica y las emergencias, as\u00ed como cualesquiera otros servicios obligatorios de inter\u00e9s general sin contrapartida econ\u00f3mica directa o indirecta, como tasas, precios p\u00fablicos o privados, ni otros ingresos derivados de dicha prestaci\u00f3n, tales como los ingresos en concepto de publicidad. A tal efecto, deber\u00e1n solicitar, fundamentadamente, dicha exenci\u00f3n al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, no estar\u00e1n sujetos al pago los enlaces descendentes de radiodifusi\u00f3n por sat\u00e9lite, tanto sonora como de televisi\u00f3n.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Cinco. Se a\u00f1ade un nuevo apartado 5 al ep\u00edgrafe 4 \u00c2\u00abTasas de telecomunicaciones\u00c2\u00bb, del Anexo I \u00c2\u00abTasas en materia de telecomunicaciones\u00c2\u00bb, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab5. Estar\u00e1n exentos del pago de la tasa de tramitaci\u00f3n de autorizaciones de uso especial de dominio p\u00fablico radioel\u00e9ctrico aquellos solicitantes de dichas autorizaciones que cumplan 65 a\u00f1os en el a\u00f1o en que efect\u00faen la solicitud, o que los hayan cumplido con anterioridad, as\u00ed como los beneficiarios de una pensi\u00f3n p\u00fablica o que tengan reconocido un grado de minusval\u00eda igual o superior al 33 por 100.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Art\u00edculo 8. Modificaci\u00f3n de los apartados 9 y 10 de la Disposici\u00f3n adicional sexta de la Ley 11\/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

Se modifican los apartados 9 y 10 de la Disposici\u00f3n adicional sexta de la Ley 11\/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que quedar\u00e1n redactados de la siguiente forma:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab9. Los recursos econ\u00f3micos de la entidad podr\u00e1n provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del art\u00edculo 65 de la Ley 6\/1997, de 14 de abril, de Organizaci\u00f3n y Funcionamiento de la Administraci\u00f3n General del Estado. Entre los recursos econ\u00f3micos de la entidad p\u00fablica empresarial Red.es se incluyen los ingresos provenientes de lo recaudado en concepto del precio p\u00fablico por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio de Internet bajo el c\u00f3digo de pa\u00eds correspondiente a Espa\u00f1a \u00bb.es\u00bb regulado en el apartado siguiente.<\/span><\/p>\n

10. Precios P\u00fablicos por asignaci\u00f3n, renovaci\u00f3n y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el \u00bb.es\u00bb.<\/span><\/p>\n

La contraprestaci\u00f3n pecuniaria que se satisfaga por la asignaci\u00f3n, renovaci\u00f3n y otras operaciones registrales realizadas por la entidad p\u00fablica empresarial Red.es en ejercicio de su funci\u00f3n de Autoridad de Asignaci\u00f3n de los nombres de dominio de Internet bajo el c\u00f3digo de pa\u00eds correspondiente a Espa\u00f1a tendr\u00e1n la consideraci\u00f3n de precio p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Red.es, previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, establecer\u00e1 mediante la correspondiente Instrucci\u00f3n, las tarifas de los precios p\u00fablicos por la asignaci\u00f3n, renovaci\u00f3n y otras operaciones de registro de los nombres de dominio bajo el \u00bb.es\u00bb. La propuesta de establecimiento o modificaci\u00f3n de la cuant\u00eda de precios p\u00fablicos ir\u00e1 acompa\u00f1ada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 de la Ley 8\/1989, de 13 de abril, que regula el R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Tasas y Precios P\u00fablicos, de una memoria econ\u00f3mico-financiera que justificar\u00e1 el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.<\/span><\/p>\n

La gesti\u00f3n recaudatoria de los precios p\u00fablicos referidos en este apartado corresponde a la entidad p\u00fablica empresarial Red.es que determinar\u00e1 el procedimiento para su liquidaci\u00f3n y pago mediante la Instrucci\u00f3n mencionada en el p\u00e1rrafo anterior en la que se establecer\u00e1n los modelos de declaraci\u00f3n, plazos y formas de pago.<\/span><\/p>\n

La entidad p\u00fablica empresarial Red.es podr\u00e1 exigir la anticipaci\u00f3n o el dep\u00f3sito previo del importe total o parcial de los precios p\u00fablicos por las operaciones de registro relativas a los nombres de dominio \u00bb.es\u00bb.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional primera. Utilizaci\u00f3n de caracteres de las lenguas oficiales de Espa\u00f1a en el \u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb.<\/span><\/p>\n

La autoridad de asignaci\u00f3n de los nombres de dominio de Internet bajo el c\u00f3digo de pa\u00eds correspondiente a Espa\u00f1a (\u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb) adoptar\u00e1 las medidas que sean necesarias para asegurar que puedan asignarse nombres de dominio que contengan caracteres propios de las lenguas oficiales de Espa\u00f1a distintos de los incluidos en el alfabeto ingl\u00e9s en un plazo m\u00e1ximo de 3 meses desde la entrada en vigor de esta Ley.<\/span><\/p>\n

Con car\u00e1cter previo a que los mecanismos de reconocimiento de caracteres multiling\u00c1\u00bces est\u00e9n disponibles para la asignaci\u00f3n de nombres de dominio bajo el c\u00f3digo de pa\u00eds \u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb, la autoridad de asignaci\u00f3n dar\u00e1 publicidad a la posibilidad de solicitar nombres de dominio que contengan dichos caracteres y establecer\u00e1 con antelaci\u00f3n suficiente un registro escalonado para los mismos. En este registro escalonado se dar\u00e1 preferencia a las solicitudes de nombres de dominio con caracteres multiling\u00c1\u00bces que resulten equivalentes a nombres de dominio bajo el c\u00f3digo de pa\u00eds \u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb previamente asignados, en los t\u00e9rminos que determine la autoridad de asignaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional segunda. Extensi\u00f3n de servicios de acceso a banda ancha.<\/span><\/p>\n

El Gobierno, en colaboraci\u00f3n con las Comunidades Aut\u00f3nomas, impulsar\u00e1 la extensi\u00f3n de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 de diciembre de 2008, una cobertura de servicio universal de conexi\u00f3n a banda ancha, para todos los ciudadanos, independientemente del tipo de tecnolog\u00eda utilizada en cada caso y de su ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica.<\/span><\/p>\n

El Gobierno analizar\u00e1 de manera continua y permanente las diferentes opciones tecnol\u00f3gicas y las condiciones de provisi\u00f3n de servicios de acceso a Internet de banda ancha para el conjunto de ciudadanos y empresas en Espa\u00f1a. En particular, se colaborar\u00e1 con los diferentes sectores relevantes interesados, a fin de que asesoren al Gobierno en la elaboraci\u00f3n de un informe anual sobre la situaci\u00f3n del uso de los servicios de acceso a Internet de banda ancha en Espa\u00f1a. Este informe ser\u00e1 de car\u00e1cter p\u00fablico y podr\u00e1 elaborar recomendaciones para acelerar el despliegue de los citados servicios.<\/span><\/p>\n

A efectos de realizar los an\u00e1lisis e informes mencionados en los p\u00e1rrafos anteriores el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr\u00e1 realizar los requerimientos de informaci\u00f3n generales o particularizados que sean necesarios en los t\u00e9rminos previstos en la disposici\u00f3n adicional quinta de esta Ley.<\/span><\/p>\n

Los an\u00e1lisis e informes mencionados deber\u00e1n realizarse de forma territorializada por Comunidades Aut\u00f3nomas y se compartir\u00e1n los datos en formato electr\u00f3nico con las Administraciones que lo soliciten.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional tercera. Plan de mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet.<\/span><\/p>\n

El Gobierno elaborar\u00e1, en un plazo de seis meses, un Plan, tecnol\u00f3gicamente neutro, para la mejora de los niveles de seguridad y confianza en Internet, que incluir\u00e1 directrices y medidas para aumentar la seguridad frente a las amenazas de Internet y proteger la privacidad on line. Este plan se revisar\u00e1 peri\u00f3dicamente para poder responder al escenario de amenazas en continua evoluci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional cuarta. Requerimientos de informaci\u00f3n para fines estad\u00edsticos y de an\u00e1lisis.<\/span><\/p>\n

1. La Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n, y los \u00f3rganos estad\u00edsticos de las Comunidades Aut\u00f3nomas con competencias en materia de estad\u00edstica, podr\u00e1n requerir de los fabricantes de productos y proveedores de servicios referentes a las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n, a la Sociedad de la Informaci\u00f3n, a los contenidos digitales y al entretenimiento digital la informaci\u00f3n necesaria para el ejercicio de sus funciones para fines estad\u00edsticos y de an\u00e1lisis.<\/span><\/p>\n

La Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n podr\u00e1 dictar circulares que deber\u00e1n ser publicadas en el Bolet\u00edn Oficial del Estado, en las cuales se expondr\u00e1 de forma detallada y concreta el contenido de la informaci\u00f3n que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la funci\u00f3n para cuyo desarrollo es precisa tal informaci\u00f3n y el uso que pretende hacerse de la misma.<\/span><\/p>\n

No obstante lo se\u00f1alado en el p\u00e1rrafo precedente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr\u00e1 en todo caso realizar requerimientos de informaci\u00f3n particularizados sin necesidad de que previamente se dicte una circular de car\u00e1cter general.<\/span><\/p>\n

La Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n podr\u00e1 realizar las inspecciones que considere necesarias con el fin de confirmar la veracidad de la informaci\u00f3n que en cumplimiento de los citados requerimientos le sea aportada.<\/span><\/p>\n

Los datos e informaciones obtenidos por la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n en el desempe\u00f1o de sus funciones, que tengan car\u00e1cter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estad\u00edstico, s\u00f3lo podr\u00e1n ser cedidos a la Administraci\u00f3n General del Estado y a las Comunidades Aut\u00f3nomas en el \u00e1mbito de sus competencias. El personal de dichas Administraciones P\u00fablicas que tenga conocimiento de estos datos estar\u00e1 obligado a mantener el debido secreto y sigilo respecto de los mismos.<\/span><\/p>\n

Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podr\u00e1n indicar, de forma justificada, qu\u00e9 parte de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusi\u00f3n podr\u00eda perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o entidades que no sean la propia Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n, la Administraci\u00f3n General del Estado o las Comunidades Aut\u00f3nomas, previa la oportuna justificaci\u00f3n. La Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n decidir\u00e1, de forma motivada, sobre la informaci\u00f3n que, seg\u00fan la legislaci\u00f3n vigente, est\u00e9 exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la amparada por la confidencialidad.<\/span><\/p>\n

2. Son infracciones de la obligaci\u00f3n de cumplir los requerimientos de informaci\u00f3n establecida en el apartado anterior las conductas que se tipifican en los apartados siguientes.<\/span><\/p>\n

Las infracciones establecidas en la presente disposici\u00f3n adicional se entender\u00e1n sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir los titulares de las entidades que desarrollan las actividades a que se refieren.<\/span><\/p>\n

3. Las infracciones administrativas tipificadas en los apartados siguientes se clasifican en muy graves, graves y leves.<\/span><\/p>\n

4. Son infracciones muy graves:<\/span><\/p>\n

a) La negativa reiterada a facilitar a la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n la informaci\u00f3n que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.<\/span><\/p>\n

b) Facilitar intencionadamente a la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n datos falsos.<\/span><\/p>\n

5. Son infracciones graves:<\/span><\/p>\n

La negativa expresa a facilitar a la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n la informaci\u00f3n que se reclame de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.<\/span><\/p>\n

6. Son infracciones leves:<\/span><\/p>\n

No facilitar a la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n los datos requeridos o retrasar injustificadamente su aportaci\u00f3n cuando resulte exigible.<\/span><\/p>\n

7. Por la comisi\u00f3n de las infracciones se\u00f1aladas en los apartados anteriores, se impondr\u00e1n las siguientes sanciones:<\/span><\/p>\n

a) Por la comisi\u00f3n de infracciones muy graves tipificadas en el apartado 4, multa desde 25.000 euros hasta 50.000 euros.<\/span><\/p>\n

b) Por la comisi\u00f3n de infracciones graves tipificadas en el apartado 5, multa desde 5.000 euros hasta 25.000 euros.<\/span><\/p>\n

c) Por la comisi\u00f3n de infracciones leves tipificadas en el apartado 6, multa de hasta 5.000 euros.<\/span><\/p>\n

En todo caso, la cuant\u00eda de la sanci\u00f3n que se imponga, dentro de los l\u00edmites indicados, se graduar\u00e1 teniendo en cuenta, adem\u00e1s de lo previsto en el art\u00edculo 131.3 de la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan, lo siguiente:<\/span><\/p>\n

a) La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que se sanciona.<\/span><\/p>\n

b) La repercusi\u00f3n social de las infracciones.<\/span><\/p>\n

c) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

d) El da\u00f1o causado.<\/span><\/p>\n

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves podr\u00e1n ser publicadas en el \u00c2\u00abBolet\u00edn Oficial del Estado\u00c2\u00bb una vez que la resoluci\u00f3n sancionadora tenga car\u00e1cter firme.<\/span><\/p>\n

8. La competencia para la imposici\u00f3n de las sanciones muy graves corresponder\u00e1 al Ministro de Industria, Turismo y Comercio y la imposici\u00f3n de sanciones graves y leves al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

El ejercicio de la potestad sancionadora se sujetar\u00e1 al procedimiento aplicable, con car\u00e1cter general, a la actuaci\u00f3n de las Administraciones P\u00fablicas.<\/span><\/p>\n

9. Las estad\u00edsticas p\u00fablicas que elabore la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n relativas a personas f\u00edsicas ofrecer\u00e1n sus datos desagregados por sexo, considerando, si ello resultase conveniente, otras variables relacionadas con el sexo para facilitar la evaluaci\u00f3n del impacto de g\u00e9nero y la mejora en la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.<\/span><\/p>\n

10. En caso de que la informaci\u00f3n recabada en ejercicio de las funciones establecidas en esta disposici\u00f3n adicional contuviera datos de car\u00e1cter personal ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en la Ley Org\u00e1nica 15\/1999, de 13 de diciembre, de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal y en su normativa de desarrollo.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional quinta. Canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones electr\u00f3nicas en carreteras e infraestructuras ferroviarias de competencia estatal.<\/span><\/p>\n

1. Los proyectos de obras de construcci\u00f3n de nuevas carreteras o de nuevas l\u00edneas de ferrocarril que vayan a formar parte de las redes de inter\u00e9s general deber\u00e1n prever, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente, la instalaci\u00f3n de canalizaciones que permitan el despliegue a lo largo de las mismas de redes de comunicaciones electr\u00f3nicas. Dichas canalizaciones deber\u00e1n ponerse a disposici\u00f3n de los operadores de redes y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas interesados en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.<\/span><\/p>\n

Las condiciones de acceso se negociar\u00e1n de mutuo acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, estas condiciones se establecer\u00e1n mediante resoluci\u00f3n de la Comisi\u00f3n del Mercado de las Telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

En las mismas condiciones deber\u00e1 preverse igualmente la facilitaci\u00f3n de instalaciones para asegurar la cobertura de comunicaciones m\u00f3viles en todo el recorrido, incluyendo los terrenos para la instalaci\u00f3n de estaciones base, espacios para la instalaci\u00f3n de los repetidores o dispositivos radiantes necesarios para garantizar la cobertura en t\u00faneles y el acceso a fuentes de energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/span><\/p>\n

2. Sin perjuicio de la notificaci\u00f3n a la que se refiere el art\u00edculo 6 de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, los organismos p\u00fablicos responsables de la administraci\u00f3n de las carreteras y l\u00edneas de ferrocarril de competencia estatal y las sociedades estatales que tengan encomendada su explotaci\u00f3n podr\u00e1n explotar las canalizaciones o establecer y explotar las redes de telecomunicaciones que discurran por las citadas infraestructuras de transporte en los t\u00e9rminos previstos en la citada Ley General de Telecomunicaciones, garantizando el acceso de los restantes operadores p\u00fablicos y privados a las mismas en condiciones de igualdad y neutralidad.<\/span><\/p>\n

3. Los Ministros de Fomento y de Industria, Turismo y Comercio desarrollar\u00e1n conjuntamente, en un plazo no superior a seis meses, lo establecido en esta disposici\u00f3n y determinar\u00e1n los supuestos en que, en funci\u00f3n del itinerario, la dimensi\u00f3n y dem\u00e1s circunstancias espec\u00edficas de las nuevas carreteras o de las nuevas l\u00edneas de ferrocarril, los proyectos de obras de construcci\u00f3n deber\u00e1n prever las canalizaciones o instalaciones a que se refiere el apartado primero.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional sexta. Base de datos sobre servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas en Espa\u00f1a.<\/span><\/p>\n

Con el fin de mejorar el dise\u00f1o, ejecuci\u00f3n y seguimiento de pol\u00edticas relativas a la sociedad de la informaci\u00f3n, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaborar\u00e1, en colaboraci\u00f3n con las Comunidades Aut\u00f3nomas, una base de datos actualizada sobre los servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n y servicios de comunicaciones electr\u00f3nicas en Espa\u00f1a. Esta base de datos ser\u00e1 sectorizada como m\u00ednimo por \u00e1mbitos territoriales de Comunidad Aut\u00f3noma y los datos ser\u00e1n compartidos con las Administraciones que lo soliciten.<\/span><\/p>\n

A los efectos de lo dispuesto en el p\u00e1rrafo anterior, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podr\u00e1 realizar los requerimientos de informaci\u00f3n generales o particularizados que sean necesarios en los t\u00e9rminos previstos en la disposici\u00f3n adicional quinta de esta Ley.<\/span><\/p>\n

El contenido y alcance de la base de datos referida en el p\u00e1rrafo primero de esta disposici\u00f3n adicional ser\u00e1n regulados mediante Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio.<\/span><\/p>\n

En lo que respecta a servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n relativos a administraci\u00f3n electr\u00f3nica corresponder\u00e1 al Ministerio de Administraciones P\u00fablicas, en colaboraci\u00f3n con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y con las Comunidades Aut\u00f3nomas, la regulaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n y mantenimiento del correspondiente cat\u00e1logo.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima. Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.<\/span><\/p>\n

Se da nueva redacci\u00f3n al apartado 13 del art\u00edculo 47 de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado de la siguiente forma:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abLa constituci\u00f3n efectiva de la Agencia tendr\u00e1 lugar en el momento y con los plazos que se\u00f1ale el Real Decreto de aprobaci\u00f3n de su Estatuto. En el citado real decreto se determinar\u00e1n los \u00f3rganos y servicios en que se estructurar\u00e1 la Agencia.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional octava. Sede de la Comisi\u00f3n del Mercado de las Telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

Se modifica el apartado 13 del art\u00edculo 48 de la Ley 32\/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que queda redactado en los siguientes t\u00e9rminos:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab13. La Comisi\u00f3n tendr\u00e1 su sede en Barcelona y dispondr\u00e1 de su propio patrimonio, independiente del patrimonio del Estado.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional novena. Modificaci\u00f3n de la Ley 2\/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.<\/span><\/p>\n

Se introduce una nueva disposici\u00f3n final, con la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abDisposici\u00f3n final tercera. Bolsa de denominaciones sociales, estatutos orientativos y plazo reducido de inscripci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

1. Se autoriza al Gobierno para regular una Bolsa de Denominaciones Sociales con reserva.<\/span><\/p>\n

2. Por Orden del Ministro de Justicia podr\u00e1 aprobarse un modelo orientativo de estatutos para la sociedad de responsabilidad limitada.<\/span><\/p>\n

3. Si la escritura de constituci\u00f3n de una sociedad de responsabilidad limitada contuviese \u00edntegramente los estatutos orientativos a que hace referencia el apartado anterior, y no se efectuaran aportaciones no dinerarias, el registrador mercantil deber\u00e1 inscribirla en el plazo m\u00e1ximo de cuarenta y ocho horas, salvo que no hubiera satisfecho el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jur\u00eddicos Documentados en los t\u00e9rminos previstos en la normativa reguladora del mismo.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional d\u00e9cima. Modificaci\u00f3n del texto refundido de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564\/1989, de 22 de diciembre.<\/span><\/p>\n

Se modifica el apartado segundo del art\u00edculo 15 del texto refundido de la Ley de Sociedades An\u00f3nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564\/1989, de 22 de diciembre, con el texto siguiente:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abNo obstante, si la fecha de comienzo de las operaciones sociales coincide con la de otorgamiento de la escritura fundacional, y salvo que los estatutos sociales o la escritura dispongan otra cosa, se entender\u00e1 que los administradores ya quedan facultados para el pleno desarrollo del objeto social y para realizar toda clase de actos y contratos, de los que responder\u00e1n la sociedad en formaci\u00f3n y los socios en los t\u00e9rminos que se han indicado.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional und\u00e9cima. Acceso de las personas con discapacidad a las tecnolog\u00edas de la Sociedad de la Informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Las Administraciones P\u00fablicas, en el \u00e1mbito de sus respectivas competencias, promover\u00e1n el impulso, el desarrollo y la aplicaci\u00f3n de los est\u00e1ndares de accesibilidad para personas con discapacidad y dise\u00f1o para todos, en todos los elementos y procesos basados en las nuevas tecnolog\u00edas de la Sociedad de la Informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional duod\u00e9cima. Lenguas Oficiales.<\/span><\/p>\n

Las Administraciones P\u00fablicas deber\u00e1n fomentar el pluralismo ling\u00c1\u00bc\u00edstico en la utilizaci\u00f3n de las nuevas tecnolog\u00edas de la Sociedad de la Informaci\u00f3n, en particular en los \u00e1mbitos territoriales en que existan lenguas propias.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional decimotercera. Regulaci\u00f3n de los instrumentos telem\u00e1ticos utilizados por los profesionales que elaboren proyectos e informes incorporados a procedimientos tramitados por las Administraciones.<\/span><\/p>\n

Las Administraciones P\u00fablicas regular\u00e1n los instrumentos telem\u00e1ticos necesarios para ser utilizados por los profesionales debidamente colegiados que elaboren y preparen proyectos e informes que deben incorporarse preceptivamente en los procedimientos que tramiten los \u00f3rganos administrativos.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional decimocuarta. Transferencia tecnol\u00f3gica a la sociedad.<\/span><\/p>\n

El Centro Nacional de Referencia de Aplicaci\u00f3n de las Tecnolog\u00edas de Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n (CENATIC), en colaboraci\u00f3n con los centros auton\u00f3micos de referencia y con el Centro de Transferencia de Tecnolog\u00eda entre Administraciones P\u00fablicas de la Administraci\u00f3n General del Estado, se encargara de la puesta en valor y difusi\u00f3n entre entidades privadas y la ciudadan\u00eda en general, de todas aquellas aplicaciones que sean declaradas de fuentes abiertas por las administraciones p\u00fablicas, haciendo llegar a los autores o comunidades de desarrollo cualquier mejora o aportaci\u00f3n que sea realizada sobre las mismas.<\/span><\/p>\n

Asimismo, el CENATIC se encargar\u00e1 del asesoramiento general sobre los aspectos jur\u00eddicos, tecnol\u00f3gicos y metodol\u00f3gicos m\u00e1s adecuados para la liberaci\u00f3n del software y conocimiento.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional decimoquinta. Fomento a la participaci\u00f3n ciudadana en la sociedad de la informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Con el objeto de fomentar la presencia de la ciudadan\u00eda y de las entidades privadas sin \u00e1nimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresi\u00f3n y la participaci\u00f3n ciudadana en la sociedad de la informaci\u00f3n, se establecer\u00e1n medios de apoyo y l\u00edneas de financiaci\u00f3n para el desarrollo de servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n sin finalidad lucrativa que, promovidos por entidades ciudadanas, fomenten los valores democr\u00e1ticos y la participaci\u00f3n ciudadana, atiendan al inter\u00e9s general o presten servicio a comunidades y grupos sociales desfavorecidos.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional decimosexta. Contenidos digitales de titularidad p\u00fablica para su puesta a disposici\u00f3n de la sociedad.<\/span><\/p>\n

Siempre que por su naturaleza no perjudique al normal funcionamiento de la Administraci\u00f3n, ni afecte al inter\u00e9s p\u00fablico o al inter\u00e9s general, los contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones P\u00fablicas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio p\u00fablico, ser\u00e1n puestos a disposici\u00f3n del p\u00fablico, en los t\u00e9rminos legalmente establecidos, de forma telem\u00e1tica sin restricciones tecnol\u00f3gicas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribuci\u00f3n, siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo anteriormente se\u00f1alado citen al autor y se distribuyan en los mismos t\u00e9rminos.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional decimos\u00e9ptima. Cesi\u00f3n de contenidos para su puesta a disposici\u00f3n de la sociedad.<\/span><\/p>\n

Las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas podr\u00e1n ceder sus derechos de explotaci\u00f3n sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposici\u00f3n del p\u00fablico de forma telem\u00e1tica, sin restricciones tecnol\u00f3gicas o metodol\u00f3gicas, y libres para ser usado con cualquier prop\u00f3sito, estudiados, copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas se distribuyan en los mismos t\u00e9rminos.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional decimoctava. Televisi\u00f3n de proximidad sin \u00e1nimo de lucro.<\/span><\/p>\n

1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci\u00f3n, mediante Resoluci\u00f3n del Secretario de Estado, planificar\u00e1 frecuencias para la gesti\u00f3n indirecta del servicio de televisi\u00f3n local de proximidad por parte de entidades sin \u00e1nimo de lucro que se encontraran habilitadas para emitir al amparo de la Disposici\u00f3n Transitoria Primera de la Ley 41\/1995, de 22 de diciembre, de Televisi\u00f3n Local por Ondas Terrestres, siempre que se disponga de frecuencias para ello.<\/span><\/p>\n

Tienen la consideraci\u00f3n de servicios de difusi\u00f3n de televisi\u00f3n de proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en raz\u00f3n de su uso por servicios pr\u00f3ximos no est\u00e9n disponibles para servicios de difusi\u00f3n de televisi\u00f3n comercialmente viables, est\u00e1n dirigidos a comunidades en raz\u00f3n de un inter\u00e9s cultural, educativo, \u00e9tnico o social.<\/span><\/p>\n

El canal de televisi\u00f3n difundido lo ser\u00e1 siempre en abierto. Su programaci\u00f3n consistir\u00e1 en contenidos originales vinculados con la zona y comunidad a la que vayan dirigidos y no podr\u00e1 incluir publicidad ni televenta, si bien se admitir\u00e1 el patrocinio de sus programas.<\/span><\/p>\n

La entidad responsable del servicio de televisi\u00f3n local de proximidad no podr\u00e1 ser titular directa o indirectamente de ninguna concesi\u00f3n de televisi\u00f3n de cualquier cobertura otorgada por la Administraci\u00f3n que corresponda.<\/span><\/p>\n

2. Corresponde al Gobierno aprobar el reglamento general de prestaci\u00f3n del servicio, con car\u00e1cter de norma b\u00e1sica, y el reglamento t\u00e9cnico, en el que se establezca el procedimiento para la planificaci\u00f3n de las frecuencias destinadas a servicios de difusi\u00f3n de televisi\u00f3n de proximidad, atendiendo entre otros extremos a las necesidades de cobertura, poblaci\u00f3n y caracter\u00edsticas propias de este servicio.<\/span><\/p>\n

Dicho reglamento establecer\u00e1 las condiciones t\u00e9cnicas que deber\u00e1n reunir las frecuencias destinadas a estos servicios, la extensi\u00f3n m\u00e1xima de la zona de servicio, la determinaci\u00f3n concreta de las potencias de emisi\u00f3n, caracter\u00edsticas y uso compartido del m\u00faltiplex asignado para la prestaci\u00f3n del servicio y el procedimiento por el que las Comunidades Aut\u00f3nomas solicitar\u00e1n la reserva de frecuencias para estos servicios, as\u00ed como el procedimiento de asignaci\u00f3n por parte de la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.<\/span><\/p>\n

La planificaci\u00f3n del espectro para la televisi\u00f3n de proximidad no ser\u00e1 prioritaria con respecto a otros servicios planificados o planificables.<\/span><\/p>\n

3. Ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n a estas televisiones lo dispuesto en la Ley 25\/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol la Directiva 89\/552\/CEE, sobre la coordinaci\u00f3n de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusi\u00f3n televisiva, y lo previsto en los art\u00edculos 1, 2, 6, apartados 2 y 3 del art\u00edculo 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 22 y apartado 4 de la disposici\u00f3n transitoria segunda de la Ley 41\/1995, de 22 de diciembre, de Televisi\u00f3n Local por Ondas Terrestres. Igualmente les ser\u00e1 de aplicaci\u00f3n lo dispuesto en la Disposici\u00f3n Adicional Trig\u00e9sima de la Ley 62\/2003, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.<\/span><\/p>\n

4. Las Comunidades Aut\u00f3nomas adjudicar\u00e1n las correspondientes concesiones para la prestaci\u00f3n de servicios de televisi\u00f3n de proximidad, de acuerdo con el reglamento general de prestaci\u00f3n del servicio y su normativa.<\/span><\/p>\n

5. Las concesiones para la prestaci\u00f3n de servicios de difusi\u00f3n de radio y televisi\u00f3n de proximidad se otorgar\u00e1n por un plazo de cinco a\u00f1os y podr\u00e1n ser renovadas hasta en tres ocasiones, siempre que su actividad no perjudique la recepci\u00f3n de los servicios de difusi\u00f3n legalmente habilitados que coincidan total o parcialmente con su zona de cobertura.<\/span><\/p>\n

Estas concesiones obligan a la explotaci\u00f3n directa del servicio y ser\u00e1n intransferibles.<\/span><\/p>\n

6. Las concesiones para la prestaci\u00f3n de servicios de televisi\u00f3n de proximidad se extinguir\u00e1n, adem\u00e1s de por alguna de las causas generales previstas en el art\u00edculo 15 de la Ley 41\/1995, de 22 de diciembre, de Televisi\u00f3n Local por Ondas Terrestres, por extinci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de su titular y por su revocaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

7. Ser\u00e1n causas de revocaci\u00f3n de la concesi\u00f3n la utilizaci\u00f3n de las mismas para la difusi\u00f3n de servicios comerciales y la modificaci\u00f3n de las condiciones de planificaci\u00f3n del espectro radioel\u00e9ctrico sin que exista una frecuencia alternativa.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional decimonovena. Modificaci\u00f3n de la Ley 22\/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci\u00f3n a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y de la Ley 36\/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13\/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi\u00f3n, recursos propios y obligaciones de informaci\u00f3n de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.<\/span><\/p>\n

1. Se modifica la letra b) de la Disposici\u00f3n Derogatoria de la Ley 22\/2007, de 11 de julio, sobre comercializaci\u00f3n a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, que tendr\u00e1 la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00abb) El p\u00e1rrafo segundo del apartado 1 del art\u00edculo 83.a) de la Ley 50\/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

2. Se modifican los apartados 2, 3 y 4 de la Disposici\u00f3n transitoria primera de la Ley 36\/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13\/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi\u00f3n, recursos propios y obligaciones de informaci\u00f3n de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, que tendr\u00e1n la siguiente redacci\u00f3n:<\/span><\/p>\n

\u00c2\u00ab2. Durante el primer y segundo per\u00edodo de doce meses posteriores al 31 de diciembre de 2007, las entidades de cr\u00e9dito o los grupos consolidables de entidades de cr\u00e9dito que utilicen los m\u00e9todos internos de medici\u00f3n de riesgo operacional mantendr\u00e1n recursos propios que ser\u00e1n en todo momento iguales o superiores a los importes indicados en los apartados 3 y 4.<\/span><\/p>\n

3. Para el primer per\u00edodo de doce meses previsto en el apartado 1 y en el apartado 2, el importe de los recursos propios ser\u00e1 el 90 por ciento del importe total de los recursos propios m\u00ednimos que ser\u00edan exigibles a la entidad o grupo de mantenerse la regulaci\u00f3n vigente a 31 de diciembre de 2007.<\/span><\/p>\n

4. Para el segundo per\u00edodo de doce meses contemplado en el apartado 1 y en el apartado 2, el importe de los recursos propios ser\u00e1 el 80 por ciento del importe total de los recursos propios m\u00ednimos que ser\u00edan exigibles a la entidad o grupo de mantenerse la regulaci\u00f3n vigente a 31 de diciembre de 2007.\u00c2\u00bb<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima. Regulaci\u00f3n del juego.<\/span><\/p>\n

El Gobierno presentar\u00e1 un Proyecto de Ley para regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a trav\u00e9s de sistemas interactivos basados en comunicaciones electr\u00f3nicas, que atender\u00e1 a los siguientes principios:<\/span><\/p>\n

1. Asegurar la compatibilidad de la nueva regulaci\u00f3n con la normativa aplicable a otros \u00e1mbitos vinculados a la prestaci\u00f3n de este tipo de servicios, y, en especial, a la normativa de protecci\u00f3n de los menores, de la juventud, de grupos especialmente sensibles de usuarios as\u00ed como de los consumidores en general, adem\u00e1s del \u00e1mbito de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal y de servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

2. Establecer una regulaci\u00f3n sobre la explotaci\u00f3n de actividades de juego por sistemas interactivos de acuerdo con la normativa y los principios generales del derecho comunitario.<\/span><\/p>\n

3. Articular un sistema de control sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos que garantice unas condiciones de mercado plenamente seguras y equitativas para los operadores de tales sistemas as\u00ed como unos adecuados niveles de protecci\u00f3n de los usuarios. En particular, deber\u00e1 regular la actividad de aquellos operadores que ya cuenten con una autorizaci\u00f3n para la presentaci\u00f3n de los mencionados servicios otorgada por las autoridades de cualquiera de los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea.<\/span><\/p>\n

4. Establecer un sistema de tributaci\u00f3n sobre los servicios de juego y apuestas por sistemas interactivos atendiendo al origen de las operaciones objeto de tributaci\u00f3n. La regulaci\u00f3n deber\u00e1 igualmente prever un sistema de distribuci\u00f3n de la tributaci\u00f3n obtenida como consecuencia de la explotaci\u00f3n de servicios de juego y apuestas por medios electr\u00f3nicos en Espa\u00f1a entre la Administraci\u00f3n Estatal y las Comunidades Aut\u00f3nomas, teniendo en cuenta la especificidad fiscal de los reg\u00edmenes forales.<\/span><\/p>\n

5. La actividad de juego y apuestas a trav\u00e9s de sistemas interactivos basados en comunicaciones electr\u00f3nicas s\u00f3lo podr\u00e1 ejercerse por aquellos operadores autorizados para ello por la Administraci\u00f3n P\u00fablica competente, mediante la concesi\u00f3n de una autorizaci\u00f3n tras el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan. Quien no disponga de esta autorizaci\u00f3n no podr\u00e1 realizar actividad alguna relacionada con los juegos y apuestas interactivos. En particular, se establecer\u00e1n las medidas necesarias para impedir la realizaci\u00f3n de publicidad por cualquier medio as\u00ed como la prohibici\u00f3n de utilizar cualquier medio de pago existente en Espa\u00f1a. Por otra parte, se sancionar\u00e1 de conformidad con la legislaci\u00f3n de represi\u00f3n del contrabando la realizaci\u00f3n de actividades de juego y apuestas a trav\u00e9s de sistemas interactivos sin contar con la autorizaci\u00f3n pertinente.<\/span><\/p>\n

6. La competencia para la ordenaci\u00f3n de las actividades de juegos y apuestas realizadas a trav\u00e9s de sistemas interactivos corresponder\u00e1 a la Administraci\u00f3n General del Estado cuando su \u00e1mbito sea el conjunto del territorio nacional o abarque m\u00e1s de una Comunidad Aut\u00f3noma.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n transitoria \u00fanica. R\u00e9gimen transitorio relativo a las tarifas aplicables por la asignaci\u00f3n, renovaci\u00f3n y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el \u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb.<\/span><\/p>\n

Hasta que se fijen, de conformidad con lo que se establece en el art\u00edculo 8 de esta Ley, los precios p\u00fablicos aplicables por la asignaci\u00f3n, renovaci\u00f3n y otras operaciones registrales de los nombres de dominio bajo el \u00c2\u00ab.es\u00c2\u00bb seguir\u00e1n siendo de aplicaci\u00f3n las tasas correspondientes fijadas de acuerdo con las normas legales y disposiciones reglamentarias de desarrollo vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n final primera. Fundamento constitucional.<\/span><\/p>\n

1. Tienen el car\u00e1cter de legislaci\u00f3n b\u00e1sica los siguientes preceptos de esta Ley:<\/span><\/p>\n

a) Los apartados 2, 3 y 5 del art\u00edculo 1 y los art\u00edculos 2 y 6, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el apartado 13.\u00c2\u00ba del art\u00edculo 149.1 de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

b) Los apartados 1 y 4 del art\u00edculo 1, la disposici\u00f3n adicional duod\u00e9cima y la disposici\u00f3n adicional decimotercera, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.18.\u00c2\u00aa de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

c) La disposici\u00f3n adicional und\u00e9cima, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.1.\u00c2\u00aa y 18.\u00c2\u00aa de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

d) La disposici\u00f3n adicional decimoquinta, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.1.\u00c2\u00aa de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

2. Los art\u00edculos 3, 4 y 5 de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1. 6.\u00c2\u00aa, 8.\u00c2\u00aa y 21.\u00c2\u00aa de la Constituci\u00f3n, sin perjuicio de las competencias que ostenten las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/span><\/p>\n

3. Los art\u00edculos 7 y 8 y las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, s\u00e9ptima, octava y decimocuarta de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.21.\u00c2\u00aa de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

4. Las disposiciones adicionales novena y d\u00e9cima de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.6.\u00c2\u00aa y 8.\u00c2\u00aa de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

5. Las disposiciones adicionales decimosexta y decimos\u00e9ptima de esta Ley se dictan al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 149.1.9.\u00c2\u00aa de la Constituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n final segunda. Modificaci\u00f3n de leyes por las que se incorpora derecho comunitario.<\/span><\/p>\n

Mediante esta Ley se modifica la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico y la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electr\u00f3nica que incorporaron respectivamente la Directiva 2000\/31\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jur\u00eddicos de los servicios de la sociedad de la informaci\u00f3n, en particular el comercio electr\u00f3nico en el mercado interior, y la Directiva 1999\/93\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electr\u00f3nica.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n final tercera. Habilitaci\u00f3n al Gobierno.<\/span><\/p>\n

Se habilita al Gobierno para desarrollar mediante Reglamento lo previsto en esta Ley, en el \u00e1mbito de sus competencias.<\/span><\/p>\n

Disposici\u00f3n final cuarta. Entrada en vigor.<\/span><\/p>\n

Esta Ley entrar\u00e1 en vigor al d\u00eda siguiente de su publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial del Estado.<\/span><\/p>\n

No obstante, las obligaciones contenidas en el nuevo art\u00edculo 12 bis de la Ley 34\/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de Comercio Electr\u00f3nico entrar\u00e1n en vigor a los tres meses de la publicaci\u00f3n de la Ley en el Bolet\u00edn Oficial del Estado, y los art\u00edculos 2 y 6 de esta Ley entrar\u00e1n en vigor a los doce meses de la publicaci\u00f3n de la Ley en el Bolet\u00edn Oficial del Estado.<\/span><\/p>\n

Por tanto,<\/span><\/p>\n

Mando a todos los espa\u00f1oles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley.<\/span><\/p>\n

Madrid, 28 de diciembre de 2007.<\/span><\/p>\n

JUAN CARLOS R.<\/span><\/p>\n

El Presidente del Gobierno,<\/span><\/p>\n

JOS\u00c1\u2030 LUIS RODR\u00c1\u008dGUEZ ZAPATERO<\/span><\/p>\n

An\u00e1lisis
\nREFERENCIAS ANTERIORES<\/span><\/p>\n

* DEROGA el p\u00e1rrafo segundo del apartado 1 del art\u00edculo 83.a) de la Ley 50\/1980, de 8 de octubre (Ref. 1980\/22501)
\n* MODIFICA
\n* Art. 64 de la LEY 7\/1996, de 15 de enero (Ref. 1996\/1072)
\n* Art. 22.1, 47.13, 48.13, 53, 54 y el anexo I de la LEY 32\/2003, de 3 de noviembre (Ref. 2003\/20253)
\n* Arts. 3, 13, 23.5, 31.4 y A\u00d1ADE la disposici\u00f3n adicional 11 a la LEY 59\/2003, de 19 de diciembre (Ref. 2003\/23399)
\n* Disposici\u00f3n adicional 6 de la LEY 11\/1998, de 24 de abril (Ref. 1998\/9802)
\n* Disposici\u00f3n transitoria 1 de la LEY 36\/2007, de 16 de noviembre (Ref. 2007\/19813)
\n* Art. 15.2 de la LEY de Sociedades An\u00f3nimas, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1564\/1989, de 22 de diciembre (Ref. 1989\/30361)
\n* Disposici\u00f3n derogatoria b) de la LEY 22\/2007, de 11 de julio (Ref. 2007\/13411)
\n* MODIFICA determinados preceptos SUPRIME el art. 9 y A\u00d1ADE el 12 bis a la LEY 34\/2002, de 11 de julio (Ref. 2002\/13758)
\n* A\u00d1ADE la disposici\u00f3n final 3 a la LEY 2\/1995, de 23 de marzo (Ref. 1995\/7240)<\/span><\/p>\n

NOTAS<\/span><\/p>\n

* Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 30 de diciembre de 2007
\n* Suplemento en Lengua Catalana, Lengua Gallega y Lengua Valenciana el 31 de diciembre de 2007.
\n* La derogaci\u00f3n del p\u00e1rrafo segundo del apartado 1 del art\u00edculo 83.a) de la Ley 50\/1980, de 8 de octubre se establece de acuerdo con la modificaci\u00f3n de la disposici\u00f3n derogatoria b) de la LEY 22\/2007, de 11 de julio<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LEY 56\/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Informaci\u00f3n DESCARGAR ley-56-2007 PRE\u00c1\u0081MBULO<\/p>\n

I<\/p>\n

La presente Ley se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Informaci\u00f3n y de convergencia con Europa y entre Comunidades Aut\u00f3nomas y Ciudades Aut\u00f3nomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2005.<\/p>\n

El Plan Avanza prev\u00e9 entre sus medidas la adopci\u00f3n de una serie de iniciativas normativas dirigidas a eliminar las barreras existentes a la expansi\u00f3n y uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de <\/p>\n

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